La Junta Directiva de la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha emitido un comunicado en el que expresa su estupefacción ante la pasividad de instituciones públicas y medios de comunicación ante los últimos actos de protestas acaecidos en Catalunya.
Concretando su opinión sobre los recientes cortes de carretera, organizados por Tsunami Democràtic, los Comités de Defensa de la República (CDR), Pícnic per la República y otras entidades y organizaciones independentistas —en el marco de las acciones de desobediencia civil pasiva en protesta a la sentencia del ‘procés’—, la Junta considera que no constituyen un ejercicio adecuado del derecho fundamental de manifestación. Justifican su posicionamiento, atendiendo que su carácter arbitrario y sorpresivo, sin una previa comunicación a las autoridades pertinentes, conlleva que dicho derecho, a su justificación, no se esté ejerciendo de manera adecuada.
La Junta de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB
añade en su escrito que “ningún derecho fundamental es absoluto e ilimitado y,
por tanto, tampoco el derecho a manifestarse, que debe someterse a lo regulado
en la Ley orgánica 9/1983 de 15 de julio. El incumplimiento de dicha ley —añade
la Junta— deslegitima tales manifestaciones y transforma a sus participantes en
auténticos vulneradores de los derechos fundamentales del resto de ciudadanos”.
Dicha Sección de Derecho Constitucional finaliza su comunicado
asegurando que ante la vulneración de estos principios debería haberse aplicado
la Ley de seguridad ciudadana.
Los manifestantes defienden sus actuaciones
Sin embargo, las entidades responsables de la organización de
dichos cortes y manifestaciones defienden sus actuaciones en el marco de un
contexto de “excepcionalidad” y con el objetivo final de defender sus derechos
y libertades que, aseguran, están siendo vulnerados. En los distintos
comunicados emitidos por Tsunami Democràtic, Pícnic per la República y los
distintos CDR, repartidos por todo el territorio catalán, se defienden las
actuaciones bajo su legítimo derecho a manifestarse.
De hecho, dichas entidades presentan una nueva modalidad de desobediencia civil pacífica, defendiendo en estas actuaciones, precisamente, el factor sorpresa. Consideran que sus derechos y libertados están siendo perseguidos y reprimidos, por lo que enmarcan sus protestas en un marco de “excepcionalidad democrática”, con la finalidad de alterar, de forma pacífica, la normalidad establecida.
Añaden que hasta que no “haya diálogo, continuará la
inestabilidad”. Por eso, consideran que, ante esta situación de conflicto
político, el deber de los ciudadanos es movilizarse, salir a la calle y
protestar.
Paralelamente al comunicado de los abogados
De forma casi paralela al comunicado emitido esta semana por
esta sección del ICAB, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel
García-Castellón, estudia si debe reclamar la investigación de
los disturbios que se están produciendo recientemente en Catalunya
en protesta por la sentencia del ‘procés’. Quiere decidir si
debe incorporarlos o no a la causa que ya instruye por integración
en organización terrorista, conspiración para cometer atentados y tenencia
de explosivos contra siete radicales independentistas de la que
separó una pieza para investigar a Tsunami Democràtic por los dos
primeros delitos.
Según El Periódico, de momento, los enfrentamientos
que se vivieron entre jóvenes radicales y los cuerpos policiales, sobre todo a
mediados de octubre, tras conocerse la condena de los líderes del ‘procés’, se
instruyen en distintos juzgados catalanes por distintos delitos, como atentado
contra la autoridad, lesiones o daños. En ningún caso, se ha apreciado
terrorismo, delito que precipitaría la competencia de la Audiencia
Nacional para poder investigar esos hechos de forma conjunta y, así,
tratar de determinar su estructura e identificar a sus promotores y
organizadores, objetivo principal de la investigación abierta en la Audiencia
Nacional.
Pese a ello, según Europa Press, Mossos, Policía
Nacional y Guardia Civil ya han remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional
los cortes en la AP-7 convocados entre el lunes y el miércoles por Tsunami
Democràtic, además del frustrado sabotaje de ayer contra el AVE en Bàscara
(Girona) donde fue identificado un coche propiedad de la hija del presidente de
la Generalitat, Quim Torra.
