Trabajar desde la prevención. Esa es la premisa desde la que Miquel Samper, el nuevo conseller de Interior del Ejecutivo catalán, basará su trabajo y, en especial, las órdenes que dirigirá, a partir de ahora, a los Mossos d'Esquadra. Samper es consciente, y así lo ha verbalizado este viernes en TV3, de que se acercan fechas sensibles para la política y la sociedad catalanas: el 1 de octubre, un año de la sentencia del procés, la posible e inminente inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Samper ha asegurado que, junto con los Mossos, están preparados para los posibles escenarios venideros, trabajando desde la perspectiva de la prevención y la discreción.
Esta premisa, la de la prevención, para el nuevo conseller, es la clave para todo tipo de actuaciones y escenarios, en especial, a la hora de poder garantizar el orden público. «Los Mossos trabajan desde siempre con mucha antelación. Hay comisarios que solo se dedican a dibujar posibles escenarios y determinar cuántos efectivos se van a necesitar», ha remarcado.
En manifestaciones y posibles altercados
La actuación directa, cuerpo a cuerpo, debe de ser la última alternativa. «Se debe encontrar el equilibrio entre mantener el orden público y garantizar el derecho a manifestarse y expresarse […] El límite lo pone la jurisprudencia del tribunal europeo de Estrasburgo. Se pueden quemar fotos de la monarquía, sin que los Mossos actúen, porque está amparado dentro de la libertad de expresión, pero no se pueden quemar contenedores porque es un delito de daños», ha detallado.
Es consciente de que hay imágenes violentas, sobre todo en altercados postmanifestaciones, que no deberían repetirse, pero ha insistido en que los Mossos deben regirse por las órdenes que dictan los jueces y no los políticos, y por el mantenimiento del orden público. «Desde la política, se deben crear unos protocolos que regulen la actuación, pero siempre que se actúa es porque lo ha ordenado un juez, en el caso de un desahucio, por ejemplo, o porque se está vulnerando de forma flagrante el orden público en altercados violentos».
Por eso, insistía, es esencial actuar de forma preventiva, observando con antelación las conductas que pueden suponer un riesgo para el resto de los manifestantes o asistentes a un evento o escenario concreto. «Debemos adelantarnos a ciertas situaciones y por eso se han incrementado las identificaciones y los registros en manifestaciones sensibles que pueden derivar en altercados violentos, antes de que sucedan. Hay quienes también se quejan de esta medida de prevención, pero si no tienes nada que esconder y te quieres manifestar tranquilamente, comprenderás que es una medida preventiva y disuasoria comprensible».
Hace falta un nuevo protocolo de actuación
Concretando en los altercados que se suelen ocasionar en el contexto de un desahucio, el conseller ha lamentado que no se hagan distinciones entre las okupaciones por necesidad y las okupaciones llevadas a cabo por mafias criminales. Considera que cuando un juez ordena una actuación policial contundente en el marco de un desalojo sensible «han fracasado todas las medidas de prevención y, sobre todo, ha fracasado la gestión de la administración local que no ha sabido dar otro hogar a tiempo a esa familia en extrema vulnerabilidad».
Por lo tanto, sin querer defender la actuación del cuerpo policial, ha esgrimido que es necesaria más comunicación entre las administraciones locales, los juzgados, la policía y los colectivos sociales de afectados por la hipoteca. «Creo que necesitamos más comunicación entre todos los actores que somos partícipes y un nuevo protocolo para que antes de una actuación policial contundente se puedan buscar otras alternativas de carácter administrativo».
La auditoría interna, seguirá abierta
Pero consciente de que no siempre se consigue un buen equilibrio, Samper y, según él, los propios Mossos mantendrán la auditoría interna abierta —la que se inició tras los altercados postsentencia del procés— porque «somos los primeros interesados en demostrar que perseguimos las malas praxis»,ha comentado.
Ha insistido en la transparencia de dicha auditoría, pero también en la presunción de inocencia que debe prevalecer sobre los posibles agentes investigados hasta que un tribunal demuestre lo contrario.
