El caso de “Esther” (nombre ficticio), la mujer víctima de violencia machista a manos de su pareja, la cual ha quedado desprovista de la protección prevista en la ley orgánica 1/2004 contra la violencia de género para las mujeres en su situación, porque el agresor cambió su sexo registral, según las palabras de la ministra de igualdad, Irene Montero, no existe.
Queriendo hacer pasar por bulo un caso real
Ayer en sede parlamentaria y en respuesta a preguntas de una diputada de la oposición sobre este las consecuencias de este caso concreto del cuál informó en exclusiva eltaquigrafo.com, la ministra Irene Montero intentó hacer creer que todo se trataba de un bulo mediático y le espetó a la diputada del Partido Popular que “deje usted de mentir y de ser el alatvoz de la transfobia”, como si el caso de violencia machista de Esther y la propia Esther no existieran.
El peligro de la “libre autodeterminación de género” para las víctimas de violencia
Todo se produce en el contexto del intento del Gobierno de España de intentar aprobar el nuevo proyecto de “Ley Trans” por el trámite de urgencia y sin debate parlamentario.
El caso de Esther ha dejado al descubierto algo que la ministra y los dos partidos en el gobierno siempre se han esforzado en negar, que es que ya con la ley actual de 2007 que recoge los derechos de las personas transexuales, y en la que exige cierta acreditación de la situación de quienes se declaran personas trans, se producen fraudes de ley que vulneran los derechos de las víctimas de violencia machista, ya que con la ley vigente de 2007 los agresores pueden cambiar su sexo registral, sin más requisito que un informe psicológico, que ni siquiera debe ser del servicio público de salud.
El nuevo proyecto de Ley Trans que se pretende aprobar en las cortes por vía de urgencia y sin debate ni la comparecencia de expertos, eliminaría el requisito de la acreditación mínima de la situación de las personas trans, para amparar la libre autodeterminación de género, que ampararía que, sólo con la voluntad de cada persona y la libre manifestación, sin el requerimiento de documento alguno, se pudiera cambiar el sexo registral tantas veces como se quisiera.
El caso de Esther pone de manifiesto que, si con la actual ley esto ya supone un problema para el desarrollo efectivo de todo el sistema judicial y social de las víctimas de violencia machista, más lo será con la nueva ley. Esta evidencia es la que llevó ayer a Montero y a su partido Unidas Podemos a intentar hacer pasar por bulo la existencia de Esther como víctima de violencia machista.
Lo que nunca iba a pasar que ya está pasando: fraudes de ley y desprotección
Recordar que en palabras de la abogada de Esther a este medio, Meritxell Cabezón, Esther está viviendo bajo el mismo techo que la persona que la agredió, encerrada en una habitación con un candado para protegerse, debido a que no se puede acoger a ninguna medidas de protección previstas para las víctimas de violencia machista como acceder a una casa de acogida, ya que al figurar el sexo registral de la persona agresora como “mujer”, no es posible considerar las agresiones sufridas como violencia machista sino como violencia intrafamiliar, la cual no conlleva ningún tipo de protección especial para la víctima.
Al negar la ministra la existencia de este caso, está negando, no sólo la existencia a de una mujer víctima de violencia machista, sino que también está poniendo en entre dicho el trabajo de los agentes de los mossos d’esquadra que la atendieron en su domicilio cuando fue víctima de una brutal agresión por parte de su ex pareja, y la labor del juez instructor que conoce de la denuncia por coacciones y lesiones ordinarias que se encuentra en proceso judicial, que no se pudo tramitar al ante el juzgado de violencia contra la mujer, debido al cambio de sexo registral del agresor. Esta furibunda reacción por parte de la ministra de igualdad es el colofón a la lluvia de reacciones críticas desde todos los ámbitos de la sociedad hacia el nuevo proyecto de ley trans y a su intención de aprobarlo sin ser debatido, a raíz de la publicación del caso de Esther, que es la prueba fehaciente de que ya pasan los fraudes de ley hacia las víctimas de violencia machista que la ministra ha asegurado durante meses que era imposible que pasaran.
