La Fiscalía ha anunciado esta mañana que solicita 10 años de prisión para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por su papel en el desafío independentista catalán. Este lunes, se ha reiniciado el juicio tras el parón por la pandemia del coronavirus, que obligó a suspenderlo justo cuando se estaban a punto de conocer los términos en los que la fiscalía de la Audiencia Nacional rebajaba la acusación que formula en su contra.
Esta mañana, el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, ha comunicado que rebaja la petición inicial de 11 años de prisión por un delito de rebelión al de sedición. Y, además, presenta como alternativa el delito de desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación. Concretamente, pide un año y ocho meses de inhabilitación para cargo como policía o cargo público, así como una multa de 60.000 euros. Esta pena supondría expulsar a Trapero del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
La misma pena para los otros investigados
La misma modificación anunciada por Carballo se extiende a los dos mandos políticos de los Mossos durante el 1-O a los que también se acusaba de rebelión: el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior, Cèsar Puig.
Solo la intendente, Teresa Laplana, estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada su pena, salvo al quedar incluida en la petición alternativa de desobediencia, para el caso de que el tribunal no considere cometido el de sedición. Con esta alternativa no habrá pena de cárcel para ninguno de los acusados, ya que la petición fiscal pasará a ser de multa de 10 meses, a razón de 200 euros diarios (60.000 euros) y de cinco meses para Laplana (30.000).
No podían acusarlo de un delito más grave
Desde que el Tribunal Supremo condenó a dirigentes independentistas por el delito de sedición y no por el de rebelión, como pedía la Fiscalía, el Ministerio Público ya había decidido que Trapero no podría ser acusado por el delito más grave. No obstante, fuentes fiscales ya explicaron que el momento de hacer la modificación era ahora, en la fase de conclusiones definitivas, y no antes, porque el escrito de acusación ya se había presentado.
Sin embrago, la mera inclusión de una calificación jurídica alternativa propicia una sentencia más suave, ya que envía el mensaje de que para la Fiscalía se trata de una opción jurídica aceptable. La decisión de añadir la opción de desobediencia se acordó el pasado marzo entre la fiscal general, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
