Las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledorens, Puig de les Basses y Wad-Ras,donde se encuentran los nueve líderes del procés, cumpliendo penas de entre nueve y 13 años tras la consulta ilegal del 1-O, han concedido —por unanimidad— el tercer grado penitenciario a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Si la Generalitat lo acepta, supondría que los internos gozarían de semilibertad y solo irían al centro penitenciario a dormir.
A la espera de la ratificación
El departamento de Justicia de la Generalitat ha comunicado este jueves la decisión de los órganos de las tres prisiones y, ahora, tienen hasta dos meses para ratificar la propuesta de semilibertad que se ha hecho. El grado ha sido revisado de manera automática, ya que la ley establece que se debe estudiar cada seis meses. De aceptarse, los líderes también podrían contar con más permisos penitenciarios y podrían pasar los fines de semana con sus familias.
«El tercer grado no exime de la pena, es una forma más de cumplir con la pena», ha asegurado el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Armand Calderó. Las cárceles catalanas tenían hasta el próximo jueves, 9 de julio, para revisar el segundo grado, al vencer el plazo de seis meses que estipula el Reglamento Penitenciario para revisar el grado penitenciario. De esta manera, las juntas han valorado si se debe mantener el actual segundo grado (con flexibilización del artículo 100.2) o progresar a un tercer grado, el de semilibertad. El régimen del que gozaban hasta ahora, les autoriza a salir de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de personas dependientes.
El Supremo tiene la última palabra
Pero la Generalitat no tiene la decisión final sobre la propuesta de tercer grado de los presos independentistas. La Fiscalía ha recurrido en todos los casos la aplicación del artículo 100.2, que determina el segundo grado a los nueve condenados, por considerarlo que era un tercer grado encubierto pero, también en todos los casos, los juzgados de vigilancia penitenciaria han avalado la decisión de la Generalitat, que ha vuelto a ser impugnada ante las audiencias provinciales por el Ministerio Público. Ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que los presos siguen disfrutando de la semilibertad.
Si, finalmente, se les concediese el tercer grado penitenciario, la situación cambiaría y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador, en caso de que la Fiscalía volviese a recurrir.
