El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha cargado personalmente contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le han condenado a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad, por «su contumaz y obstinada resistencia» a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de marzo del 2019.
Torra ha sido duro con los magistrados: «tres personas desprovistas de la más elemental imparcialidad», y con «un proceso lleno de irregularidades, impulsado por una Fiscalía convertida en garante de los intereses del Gobierno español, pretende cambiar un presidente elegido por los representantes de millones de catalanes».
En respuesta al fallo, Torra ha pedido a los grupos parlamentarios que le ratifiquen en el cargo para evitar que una justicia «partidista y completamente injusta» pueda tener la potestad de «poner o quitar presidentes y gobiernos en Catalunya».
Recurrirán la sentencia
La defensa del mandatario catalán ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, que suele tardar unos 10 meses en resolver. Si se convocan antes de la firmeza del fallo elecciones, Torra tampoco podrá presentarse como candidato, porque así lo prohíbe la ley electoral en el caso de personas condenadas por desobediencia (delito contra la administración pública).
Mientras, el TJUE da la razón a Junqueras
Poco antes de este fallo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería haber sido reconocido como eurodiputado tras su elección en las pasadas europeas del 26 de mayo y, por tanto, gozaba de inmunidad parlamentaria desde que la Junta Electoral Central proclamó oficialmente los resultados, el pasado 13 de junio.
Dicha inmunidad, prosiguen los jueces, «implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas». Y, añaden, «si el tribunal nacional competente estima que debe mantenerse la medida de prisión provisional, tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, tiene que solicitar a la mayor brevedad posible al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad». Algo que el Tribunal Supremo (TS) no hizo.
La sentencia ha sido leída en castellano por el presidente del TJUE, Koen Lenaerts. Es el resultado de la deliberación de una Gran Sala de 15 jueces, entre los que se encuentra la española, Rosario Silva de Lapuerta. El TJUE nunca desvela si sus decisiones son por unanimidad o tienen votos en contra.
Responde a una cuestión prejudicial
Como ha detallado El Español, el fallo responde a una cuestión prejudicial planteada el 1 de julio por el TS sobre el alcance de la prerrogativa de la inmunidad de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue proclamado eurodiputado electo por la Junta Electoral Central (JEC), el pasado 13 de junio, recién acabado el juicio del ‹procés›.
Al día siguiente, Junqueras pidió un permiso de excarcelación para acudir a la JEC a cumplimentar el requisito de acatar la Constitución que exige la legislación española, como condición previa para adquirir la condición de eurodiputado. Pero el Supremo se lo denegó, alegando que ello pondría en un «irreversible peligro» los fines del proceso penal abierto contra él. El resultado es que su nombre no figuraba en la lista definitiva de eurodiputados de España al Parlamento Europeo: su escaño se declaró vacante.
Reacciones
Como era de esperar, el independentismo ha acogido con los brazos abiertos la resolución de la justicia europea, pero no ha mostrado la misma emoción para el fallo del tribunal catalán. En relación con la inmunidad de Junqueras, decisión que podrá ser aplicable también para los políticos en el extranjero, Puigdemont y Comín, Esquerra Republicana ha anunciado que no seguirá negociando con el PSOE la eventual investidura de Pedro Sánchez hasta que los socialistas se pronuncien sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inhabilitación del líder de Esquerra y ver "cómo actúa la Abogacía del Estado".
Por otro lado, las asociaciones líderes del independentismo catalán, ANC y Omnium Cultural, han convocado la tarde de este jueves una concentración en rechazo a la sentencia contra Quim Torra y en rechazo también del juicio del procés. Consideran que el fallo del TJUE debería conllevar la nulidad de la sentencia dictada el pasado 14 de octubre contra los líderes independentistas, al menos para el principal implicado en esta trama, Oriol Junqueras.
