El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defendido este lunes en la Audiencia Nacional la actuación del cuerpo policial para impedir el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017: «Hicimos todo lo que pudimos, de oficio o porque nos lo ordenaron». Sin embargo, para Trapero «era difícil de prever» que la gente «defendiese las urnas de esa manera».
El mayor de los Mossos ha calificado de «barbaridad» las sucesivas decisiones del Govern y del Parlament que pusieron en marcha el proceso de ruptura unilateral con España y ha explicado que advirtió al Govern del compromiso del cuerpo con la ley en una reunión el 28 de septiembre: «Les dijimos que no se equivocasen con nosotros, que no íbamos a tolerar ninguna ruptura de la legalidad y de la Constitución».
Con todo, Trapero se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por un delito de rebelión. El Ministerio Público ha anunciado que revisará, en el momento oportuno, la acusación de rebelión a la vista de la sentencia del Supremo.
Se defiende de las acusaciones de pasividad
Trapero también se defendió de las acusaciones de pasividad. No hubo ese comportamiento por parte de los Mossos ni el 1-O ni el 20 de septiembre en la Conselleria de Economia. «No puedo asumir que hable de pasividad. No se puede inferir que no hicimos nada o que no quisimos hacerlo. El mundo no se acababa en Economía. Había muchos escenarios. No paramos en todo el día», ha advertido.
Además, ha negado que Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, le impusiera condiciones para facilitar la salida de la comisión judicial de la consejería de Economía, el 20-S, día en el que se estaban produciendo concentraciones y registros de la Guardia Civil, enmarcadas en la Operación Anubis.
No había más personal
De hecho, ha recordado que en una de las reuniones de coordinación con el fiscal jefe de Catalunya, se le dijo que el operativo presentado era insuficiente y, entonces, aumentó en 800 agentes más. «No había más personal para enviar», ha subrayado. El plan era enviar dos agentes a cada colegio. Si aquello no funcionaba se mandarían, entonces, dispositivos de orden público y, si aun así era insuficiente, se pediría ayuda a Guardia Civil y Policía Nacional. Aquello ocurrió a las 9 de la mañana del domingo día 1, tres horas después de comenzar el dispositivo. Para el fiscal, se avisó demasiado tarde. Para Trapero, se estaba siguiendo el plan de actuación.
