Decenas de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) han desalojado esta pasada madrugada a las últimas personas que permanecían en la acampada de estudiantes en plaza Universitat. El pasado 30 de octubre, cientos de jóvenes se instalaron en Universitat con Gran Vía, en el marco de los actos de protesta contra la sentencia del ‹procés›.
Decenas de agentes de la policía municipal se han personado poco antes de la una de la madrugada en la acampada y han obligado a varias decenas de jóvenes que aún pernoctaban en las tiendas, a abandonar el lugar, en una operación que ha durado poco menos de media hora. Durante el desalojo, el cuerpo policial barcelonés ha realizado al menos dos detenciones, en una actuación que ha generado momentos de tensión entre los agentes y los jóvenes acampados.
Momentos de tensión
Algunos de los acampados han ofrecido cierta resistencia y han lanzado objetos a los agentes de la Guardia Urbana, y varios de éstos han llegado a utilizar sus porras para hacer retroceder a los jóvenes hacia las calles que conectan con la plaza Universitat. El máximo responsable de Guardia Urbana, Evelio Vázquez, dirigió el operativo desde la misma plaza donde los jóvenes han estado acampados desde hace 21 días.
Sobre la 01.20, y por la Ronda de Sant Antoni, han entrado equipos de BCNeta que han empezado con las labores de limpieza, que han durado toda la noche. Además, se ha podido reabrir el tráfico por ese tramo, tras tres semanas interrumpido por la protesta.
Generación 14-O
La iniciativa de ocupar la plaza Universitat tenía como objetivo pedir que se pusiera fin «de forma inmediata a la represión contra los miembros de una generación» que había salido a la calle en protesta por las condenas del ‹procés›, y que se depuraran responsabilidades en los cuerpos policiales.
En un manifiesto, en el que se definían como la ‹generación 14 de octubre›, en relación al día que se hizo pública la sentencia contra los políticos independentistas que organizaron el 1-O, explicaban que adoptaban esta medida para exigir responsabilidades a los políticos, con la finalidad de que les que garantizaran un futuro digno, y advertían que no tolerarían «100 años de prisión por ejercer sus derechos», en referencia a las penas impuestas a dichos políticos. En el texto, reclamaban, además de la libertad para los políticos en prisión y garantías de futuro para una generación que tenía previsiones muy negras.
Escisión antes de las elecciones
El declive de la protesta comenzó dos días antes de las elecciones. La tarde del viernes, 8 de noviembre, una tensa asamblea acabó con decenas de jóvenes abandonando la protesta. Las juventudes de Esquerra (ERC) y la CUP anunciaron que la protesta debía finalizar y trasladarse a los barrios.
En la acampada, quedaron unas decenas de jóvenes, cerca de 70, de ideología más cercana al anarquismo y con reivindicaciones variopintas, entre las que destacaban la petición de dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, la lucha contra los desahucios y la reivindicación del feminismo y del antifascismo, junto con el derecho a decidir la autodeterminación de las regiones. De hecho, durante las semanas que han estado acampados, los estudiantes se han movilizado para evitar desahucios y han organizado conferencias sobre feminismo o el cambio climático.
Los comerciantes no podían más
La acampada, que ha obligado a cortar la circulación de coches en el cruce entre Gran Vía y Universitat durante tres semanas, también ha tenido efectos negativos para los comercios de la zona. Según éstos, las ventas han bajado considerablemente desde que se instalaron los estudiantes, porque la gente decidía no pasar por esa zona y buscar rutas alternativas para evitar encontrarse con la acampada.
Barcelona Oberta, entidad que agrupa a los principales ejes comerciales del centro de la ciudad, pidió hace varios días al Ayuntamiento que desalojara cuanto antes la acampada de Universitat. «Exigimos la restitución inmediata del orden público», subrayó en un comunicado. Los comerciantes denunciaron de este modo la pasividad del gobierno de la alcaldesa, Ada Colau. La citada organización defiende el derecho a manifestarse, pero no a perpetuar una actuación que estaba afectando «la convivencia entre ciudadanos, el derecho a poder desarrollar el día a día con normalidad y el funcionamiento de unos sectores donde muchos barceloneses se ganan la vida».
La oposición se pronunció
La acampada de la plaza Universitat también generó múltiples críticas entre los grupos opositores en el consistorio catalán. Es el caso de Ciudadanos que, en los últimos días, ha pedido un plan de ayuda para comercios afectados por las protestas en Barcelona. Por otro lado, el pasado lunes, el líder del PP en Barcelona, Josep Bou, pidió a la alcaldesa, Ada Colau, y al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, desalojar «de inmediato» la acampada de plaza Universitat para reanudar el tráfico en la Gran Via.
Los partidos de la oposición en el consistorio barcelonés han abogado desde hace varias semanas por el desalojo de la acampada de la plaza Universitat, alegando problemas de movilidad, de seguridad y de intereses económicos, con la campaña navideña a la vuelta de la esquina.
La acampada se convirtió en un problema de espacio público y la pelota quedó entonces sobre el tejado del Ayuntamiento de Barcelona. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, admitió el lunes que estaba negociando con Interior qué debía hacerse con la acampada. Finalmente, se decidió poner fin a la movilización esta pasada madrugada.
