Nuevo varapalo para el colectivo de funcionarios de prisiones. Desde hace unos meses vienen siendo noticia dado el alto número de agresiones que padecen a diario, una situación que se agrava ante la pasividad de instituciones penitenciarias y, especialmente, por parte de la Generalitat de Catalunya.
Agresiones impunes, argumentos inestables
El sindicato CSIF denuncia que nadie se responsabiliza del pago de una indemnización económica a la que tienen derecho cuando se les reconoce judicialmente tras una agresión. Ni preso ni Generalitat. El preso se escuda en la insolvencia y la Generalitat, responsable subsidiaria y que, por tanto, debería asumir sistemáticamente el pago de la indemnización, se niega. Es más, la Generalitat recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo para evitar el pago.
Los argumentos que justifican la (in-)acción de la Generalitat son tan escasos como inestables. Por un lado, sostienen que el colectivo de funcionarios de prisiones “es especialmente numeroso” y que por tanto, “si se reconoce el derecho a recibir indemnizaciones, tal y como desde hace tiempo sucede con Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, esto sería de aplicación a muchos otros casos que afectan a funcionarios de centros penitenciarios, generándose un efecto multiplicador”.
Por otro lado, argumentan que “el daño producido es un riesgo que el funcionario tiene el deber jurídico de soportar”.
“Funcionarios de segunda”
Ante tal situación, la Central Sindical Independiente de funcionarios (CSIF) ha vuelto a dar un paso al frente y ha emitido un comunicado dirigido a la Sra. Lourdes Ciuró, Consejera de Justicia, para exigir respuestas y “poner fin a este trato discriminatorio” puesto que dicen sentirse “funcionarios de segunda en comparación con otros grupos policiales, nuevamente se aplica un rasero diferente cuando se mira hacia las prisiones de Cataluña y sus plantillas”.
Además, exigen que se “retiren todos los procedimientos que actualmente están en marcha contra funcionarios de prisiones” y que “las indemnizaciones sean asumidas automáticamente por la Administración”. Desde el colectivo esperan “el apoyo institucional que se merecen”.
