Las agresiones a los trabajadores públicos de las cárceles españolas, especialmente a sus funcionarios, siguen acaparando titulares. El pasado 26 de octubre, en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, un interno con un amplio historial delictivo a sus espaldas se abalanzó sobre dos funcionarios a quienes agredió con violencia, golpeándoles en el pecho y las piernas mientras gritaba: “Perras, que sois unas perras. Pégame si te atreves. Os voy a matar”.
A las pocas horas se produjo otro incidente en la prisión de Cuenca donde otro preso, también reincidente, atacó con un pincho carcelario a un funcionario, provocándole un corte en el cuello que por poco menos de un centímetro no le causó la muerte. En menos de 24 horas se produjeron dos episodios violentos en los que estuvieron en juego la vida de varios funcionarios. Una realidad incómoda que evidencia la falta de actuación y compromiso por parte de la Administración Penitenciaria y el Gobierno hacia el colectivo.
Abandonados y desprotegidos
En las prisiones catalanas las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado un 21% respecto al año pasado, teniendo en cuenta que todavía no ha concluido este 2021. También han crecido las agresiones graves en grado de tentativa, pasando de las 123 en 2020 a las 148 (+20%) en el corriente año, a la vez que han incrementado el número de afectados (+48%) con un total de 184 trabajadores.
Ante tal situación, Alberto Gómez, portavoz de la Central Social Independiente y de Funcionarios (CSIF) de prisiones de Catalunya, arremete contra el Síndic de Greuges: “Hemos estado abandonados por esta institución, dicen defendernos pero no es así […]. Queremos que se respete nuestro trabajo, que se nos dote de una arma jurídica que a día de hoy no tenemos y es ser reconocidos como autoridad”.
Ser reconocidos como agente de la autoridad significaría un cambio en la manera de proceder y castigar las agresiones de los internos hacia los funcionarios de prisiones, puesto que serían tramitadas penalmente y no solo a nivel administrativo como hasta ahora, lo que otorgaría un mayor grado de protección a los trabajadores públicos de las cárceles en caso de violencia o peligro consumado. “La importancia de ser reconocidos como autoridad es el factor disuasorio, ya que la condición de autoridad tiene consecuencias jurídicas”, sentencia Gómez.
Los esfuerzos del colectivo podrían dar sus frutos en los próximos meses, o a priori es lo que parece después de que los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos hayan presentado una enmienda en la proposición de reforma de la Ley Orgánica 4/2015 en la que reconocen en el artículo 80 el carácter de Agentes de Autoridad a los funcionarios de prisiones. Esta decisión surge como respuesta a las diferentes propuestas en el ámbito judicial y las movilizaciones orquestadas por los sindicatos que ha llevado a que sea “necesario mejorar y calificar este aspecto legal”, tal y como puede leerse en el texto.
Aunque la valoración que hacen desde ACAIP-UGT y CSIF es positiva, también la consideran “insuficiente dentro del conflicto colectivo de instituciones penitenciarias” y recuerdan la necesidad de “sacar adelante la Ley de la Función Pública Penitenciaria”.
“Falta de personal endémica”
Los sindicatos también denuncian la falta de personal, ya que según datos del Portal de Transparencia, las plantillas tienen un déficit de 4.173 empleados públicos en las cárceles.
Este problema, sumado a la falta de recursos, agrava sus condiciones de trabajo “los internos son conscientes de que hay falta de personal y medios y actúan a sabiendas de esa situación. Ellos son conscientes de lo que hacen y hasta dónde pueden llegar”, es la valoración que hace Gómez de la situación.
Con las manos “atadas”
Con una plantilla envejecida, cuya edad media se sitúa en los 55 años de edad, y una evidente falta de personal y de recursos para detener las agresiones, el sentimiento de los funcionarios es de total desprotección y abandono, una situación que ha empeorado en las cárceles catalanas tras la aprobación de la circular 2/2021 sobre el Protocolo de aplicación de los medios de contención en los centros penitenciarios de Catalunya.
Este documento, al que Gómez cataloga como un insulto, insta a recurrir a la contención verbal en detrimento del uso de la fuerza, a no mantener una mirada desafiante con el interno y, en la medida de lo posible, a no utilizar los guantes anticorte delante del preso. “La circular considera que llevar los guantes anticorte delante del interno es una manera de desafiarlo, por lo que no podemos llevar una herramienta que deberían protegernos en caso de que un interno lleve un pincho e intente agredirnos […]. Se reducen todavía más las pocas medidas de seguridad con las que contamos y perdemos el poder hacer bien nuestro trabajo”, concluye Gómez.
Y por si fuera poco, tampoco cuentan con suficientes recursos para protegerse. Gómez explica que “solo en situaciones excepcionales contamos con equipación para protegernos como porras o escudos, pero en casos de agresiones imprevisibles e incontroladas no tenemos nada porque solo vamos provistos de un Walkie Talkie para avisar a algún compañero o compañera que te venga a ayudar”.
A pesar del camino recorrido, todavía queda mucho por hacer. Las estadísticas demuestran que el colectivo de funcionarios sigue siendo muy vulnerable a las agresiones de los internos y el reconocimiento como autoridad podría ser la llave de cambio para garantizar mayor seguridad en su labor. Mientras tanto, la posibilidad de ampliar la plantilla y dotarlos de más medios para frenar las agresiones seguirá siendo otra de las cuestiones a debatir.
