Cinco agentes de la ARRO de Tarragona llevan años sufriendo acoso por parte de tres de sus superiores. Ahora, diez años después, hay fecha de juicio y el servicio jurídico del Sindicato de Policías de Catalunya pide 44 años de prisión para un inspector y 20 para dos sargentos
El 24 de octubre de 2009 una manifestación de la Unión de Payeses de Catalunya en Reus (Tarragona) se saldó con varios agentes de la Unidad Regional de Recursos Operativos (ARRO) heridos. Los mossos afectados llevaban un tiempo quejándose de la mala planificación de su unidad operativa y del trato de favor que recibían los policías afines a los dos sargentos que lideraban el grupo.
Aquella manifestación y la gravedad de algunas de las heridas sufridas fueron determinantes para que ocho de los agentes de orden público de la ARRO de Tarragona emitieran una primera nota informativa exponiendo, lo que a su parecer, no se podía tolerar en su puesto de trabajo.
Lo que no se imaginaban aquellos ocho agentes – ahora solo cinco mantienen el pulso contra la Administración – era que quejarse les traería todavía más problemas. La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos les sancionó y después de varios recursos, los servicios jurídicos del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) lograron frenar los expedientes disciplinarios que les iban a caer por quejarse de lo que, según ellos, era una mala planificación y una distribución de horas totalmente arbitraria.
Mobbing y acoso laboral durante cuatro años
Sin embargo, la situación para estos agentes no mejoró. Más bien, todo lo contrario. Tras esa nota informativo y el primer intento de expediente disciplinario, pues ha habido otros más, los dos sargentos que lideraban la ARRO de Tarragona iniciaron una campaña de mobbing y ascoso laboral contra estos cinco agentes, implicando, incluso, a sus familias.
Desde entonces y durante cuatro años, hasta que en 2012 finalmente se decidieron a denunciarlos, los agentes estuvieron expuestos, casi a diario, a vejaciones, trabajos denigrantes o horarios intempestivos. A uno de ellos, lesionado de la rodilla, le obligaban a correr todos los días. A otro, lo apartaron de las salidas operativas y le destinaron a hacer tareas de mecánico, reparando furgoneta. Incluso, llegaron a burlarse de ellos en un foro policial de Internet, mencionando a sus familias.
Llevaron la situación de acoso hasta el extremo de que uno de los sargentos ordenó a los cabos responsables de los agentes implicados que les sometieran "a un seguimiento pormenorizado" para que la presión bajo la que realizaran su labor fuera tan "asfixiante" que optaran por pedir el traslado.
La Generalitat se puso del lado de los denunciados
Tras cuatro años muy tensos, con muchas bajas de por medio – pues la situación empezó a ser muy estresante – y varios intentos de mediación fallidos, los cinco agentes implicados denunciaron a los dos sargentos y al inspector que dirigía la Unidad. Pero lo peor todavía no había llegado. La Dirección General de la Policía, que depende directamente de la Generalitat, prestó servicio jurídico a los denunciados, pagó su fianza de 90.000 euros y sus abogados han sido quienes han peleado por archivar este procedimiento.
Los agentes denunciantes, sin embargo, no han recibido ningún tipo de ayuda de la Administración para la que también trabajan y solo han sido respaldados por el Sindicato de Policías de Catalunya (SPC), cuyo servicio jurídico se ha hecho cargo de la acusación.
La denuncia, además, les trajo nuevas tentativas de apertura de expediente disciplinario. Expedientes que han quedado parados por la prevalencia del proceso penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de Tarragona y que, tras una década, ya tiene fecha de juicio.
Se aprecian trastornos psíquicos en los denunciantes
El juez instructor ha acordado llevarlo a juicio oral tras determinar que los trastornos psíquicos que sufrieron los cinco agentes fueron "compatibles con una reacción psíquica a la conflictividad laboral vivida". De hecho, ellos siguieron trabajando en sus puestos habituales, aguantando día tras día situación de hostigamiento. En varias ocasiones tuvieron que pedir la baja y en la actualidad todos han sido diagnosticados por psiquiatras forenses de trastornos ansioso-depresivos en distintos grados.
Con todo, la acusación pide 20 años de prisión para los dos sargentos y 44 para el inspector a los que acusan de atentar contra su integridad moral por una campaña de acoso laboral, hostigamiento y trato degradante y vejatorio a raíz de discrepancias sobre permisos y servicios. Además de pedirles una indemnización de 30.000 euros para cada uno por los daños morales sufridos.
En junio se celebrará el juicio oral
Con todo, el juicio se celebrará los próximos días 12, 13 y 14 de junio, tras más de una década de instrucción. A pesar de aplaudir este avance en el procedimiento judicial tanto los agentes como sus abogados, Javier Peiró y Javier Aranda, lamentan la tardanza y, en especial, la actitud adoptada por la Dirección General de la Policía y, como consecuencia, por la Generalitat, dando apoyo y aval jurídico a los sargentos denunciados y dejando de lado a los agentes.
