Un nuevo presunto caso de corrupción sacude a la familia real. El rey emérito, nuevamente, vuelve a estar en el punto de mira porque, esta vez, la Fiscalía Anticorrupción lo investiga para saber si utilizó tarjetas opacas a nombre de terceros, cuyos fondos procederían del extranjero, para sus gastos personales.
Según ha adelantado este martes eldiario.es, la Fiscalía General del Estado ha ordenado a Anticorrupción que remita al Tribunal Supremo las diligencias en las que se investigan los gastos de varias tarjetas de crédito presuntamente utilizadas por el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos, entre otros, algunos de sus nietos (sin incluir a la princesa de Asturias y a la Infanta Sofía). Son tarjetas que, según ha publicado el citado medio, se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares y serían posteriores a la abdicación de Juan Carlos I, por lo que no están amparados por la inviolabilidad constitucional que les protege de ser juzgado en otros casos.
De Anticorrupción al Supremo
Tras conocerse la información, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado la apertura de unas diligencias a cargo de la Fiscalía del Supremo, ante la fuga de estos datos. La primera decisión que ha adoptado ha sido entregar la investigación a Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo que ya investiga al emérito por el dinero en Suiza.
De todos modos, según el relato de eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción ya habría encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados, superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio.
Solicitadas varias comisiones rogatorias
En Anticorrupción, no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
