Desde el minuto uno, el juez que estaba de guardia el día 17 de agosto de 2017 cuando se produjo el atentado terrorista de Las Ramblas, el magistrado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, permitió lo que de facto fue (y es) una doble investigación sobre el atentado: una, en manos del cuerpo quien, a pie de calle inició las diligencias, (los Mossos), y otra, en manos de la Unidad de Información de la Guardia Civil.
No sólo lo permitió sino que lo impulsó. A pesar de que los Mossos habían iniciado una investigación con los primeros datos que trascendieron tras el atentado de Las Ramblas, el mismo día 17, sólo tres horas después del atentado, Fernando Andreu, autorizaba a la Guardia Civil para que interviniera teléfonos de diversos sospechosos y procediera a la entrada y registro del domicilio de algunos de ellos, como por ejemplo Driiss Oukabir o Mohamed Hicham.
Según el sumario de 17-A al que ha tenido acceso eltaquigrafo.com, sólo 5 horas después del atentado de Las Ramblas, la guardia civil ya estableció un vínculo entre los autores de los atentados y la explosión, 24 horas antes, de la casa de Alcanar, en Tarragona, donde la célula de Ripoll, cuya trama orquestó el imán de Ripoll, Es Satty, tenía el polvorín.
La Guardia Civil desde el primer momento
Un nombre y un apellido sirvió a los agentes del instituto armado para ligar ambos escenarios: Mohamed Hichamy, que la madrugada del día 18 de agosto sería abatido en Cambrils junto al grueso de la célula. Era uno de los amigos de confianza de Younes Abouyaaquob.
El 17 de agosto Andreu autoriza dos líneas de investigación: la que lidera la Comisaría General de Información de los Mossos y la que encabeza la UCE2 de la Guardia Civil.
De forma inconexa ambos cuerpos indagan sobre lo sucedido. No consta que la Guardia Civil reportase información alguna a los Mossos ni que la policía autonómica enviara datos o indicios de ninguna índole al CITCO, centro de inteligencia antiterrorista de la Secretaria de Estado de Seguridad.
Andreu, a dos barajas
El día 18 de agosto, la Guardia Civil (no lo Mossos) propone nuevas intervenciones telefónicas al juez y éste las autoriza y avala. Se trata de teléfonos de Younes Abouyaaqoub y de la familia de Ogris. El juez las autoriza con el apoyo de la fiscalía de la Audiencia Nacional.
El día 19 de agosto de 2017 Fernando Andreu acuerda nuevas líneas de investigación para el instituto armado que actúa al margen de los Mossos. Se trata de nuevas intervenciones telefónicas y más requerimientos a las compañías sobre el tránsito de llamadas de los principales sospechosos, que en aquellas inmediatas horas tras el atentado, ya parecen perfectamente identificados por la UCE2.
En esas conversaciones revisadas se constata como el día 18 Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que arrasó Las Ramblas, llama en 13 ocasiones, a otro de los imputados, Mohamed Hichamy.
Younes, huido y en paradero desconocido en aquel momento, parece desesperado, no sabe que Hichamy acaba de ser abatido por los Mossos.
El juez trata de amarrar la investigación
El día 20 de agosto, nueva petición de la Guardia Civil y nuevo asentimiento de Andreu. Los Mossos no saben nada y van por su camino atando cabos. Andreu acuerda ordenar a la Guardia Civil más intervenciones telefónicas de familiares y conocidos de Younes, Drissy Hicham y además de requerir a 9 empresas de transferencias de fondos internacionales que informen sobre si alguno de los sospechosos, (abatidos, detenidos o en busca y captura)las habría utilizado para mover dinero de ISIS en fechas próximas a los atentados.
Da la sensación que Andreu confía en los Mosos, pero no al 100% y por ello no tiene reparo alguno en ordenar una investigación y apoyar las líneas que le propone la Guardia Civil.
En los primeros informe de la unidad de Información del instituto armado, se entrevén críticas implícitas a la actitud negligente de los Mossos 24 horas antes del atentado cuando vuela por los aires la casa polvorín de Alcanar y aparentemente, nadie lo relaciona con una célula terrorista.
