El pasado 24 de febrero, tras una manifestación en contra de los fondos buitre, el Grup d’Habitatge de Sants’ ocupó un bloque de viviendas, en la calle Gayarre 42 de Barcelona, pensando que era propiedad de un fondo de inversión con el que el ayuntamiento de Barcelona mantiene varios contenciosos abiertos, MK Premium.
Sin embargo, la propiedad del edificio está en manos de una inmobiliaria local, Next Door Real State, perteneciente a la familia Fernández Bardón. Aun así, en el edificio se instalaron 6 familias.
Periodo de negociaciones
Tal como explica la propiedad del inmueble y como ya publicó eltaquigrafo.com, la familia Fernández Bardón se puso en contacto con la plataforma de Sants para negociar la salida de estas familias del bloque, que iba a ser reformado. Pero, al no llegar a un acuerdo entre ambas partes -- puesto que la plataforma pedía un contrato de alquiler para las 6 familias y el pago de éste por un periodo de dos años, a lo que los propietarios se negaron ofreciendo 3 pisos pagados a compartir por las familias durante 6 meses --, la tensión entre las partes aumentó.
Y aumentó de tal modo que la familia propietaria, según declaraciones de ésta, se vio obligada a contratar los servicios dela empresa Desokupa, especializada en desalojos extrajudiciales.
Momentos tensos ante el inmueble ocupado
Así fue como este miércoles la propiedad del edificio se personó en el bloque junto con varios miembros de Desokupa, con la intención de negociar directamente con los vecinos su salida inmediata del inmueble.
La situación requirió de la presencia de varios agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Brigada Móvil (BRIMO), ya que en el exterior de la vivienda se empezaron a concentrar vecinos del barrio de Sants en protesta por el desalojo.
Mientras que en el interior se iniciaban las negociaciones, en el exterior se vivieron momentos de tensión entre los activistas y vecinos, que querían entrar en el edificio, y los agentes de la policía catalana que efectuaron pequeñas cargas contra los ahí presentes.
Según un portavoz del cuerpo, los agentes se presentaron en el edifico con el objetivo de supervisar las negociaciones.
Empezaron las negociaciones cara a cara
Con todo, en el interior, dos de los vecinos ocupas llegaron a un acuerdo con la empresa propietaria a cambio de 3.500€ y seis meses de alquiler. Las otras cuatro familias no aceptaron la negociación y se quedaron en los pisos. Según Daniel Esteve, de Desokupa, fue una de las vecinas que quería negociar las condiciones de su salida, quien llamó a los propietarios la mañana de este miércoles.
Por el momento, dos personas de la confianza del propietario se han quedado en el interior de los dos inmuebles devueltos, según éste, “para que no vuelvan a ser arrebatados”.
Se prevé más tensión entre las partes implicadas
Según algunos medios que estuvieron presentes durante el desalojo y como ha explicado la propiedad a este medio: “los inquilinos no tendrían una emergencia habitacional, puesto que trabajan y tienen sueldos para poder mantenerse, además las viviendas contenían electrodomésticos muy sofisticados, conexión a Internet, televisiones de alta gama…”.
Sin embargo, el grupo ‘d’Habitatge’ insiste en la necesidad de estas familias de disponer de una vivienda, puesto que son familias muy vulnerables, en riego de exclusión por cuestiones económicas.
Con todo, las dispares opiniones entre unos y otros prevén que la tensión entre las dos partes no se apaciguará pronto.
