La Policía Nacional (CNP) ha logrado desmantelar una organización criminal asentada en Cartaya (Huelva) dedicada al tráfico ilegal de personas, de Marruecos a las costas de Andalucía. Los agentes del CNP detuvieron a cinco personas presuntamente pertenecientes a este grupo criminal que operaba entre el norte de Marruecos y el litoral andaluz. Los inmigrantes, según constata el cuerpo, eran amenazados antes de zarpar para que entregasen sus móviles a los miembros de la banda y evitar, de este modo, grabaciones durante la travesía. Por otro lado, les obligaban a pagar 2.000 euros por adelantado para garantizar su plaza en las embarcaciones —tipo patera o zódiac— que hacían el traslado ilegal, además de unos 500 euros por el alojamiento en España.
Según calculan los agentes de la UCRIF, Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación documental, los beneficios económicos generados por este entramado criminal rozarían los 108.000 euros, teniendo en cuenta el número de inmigrantes a quienes los explotadores habrían amenazado y coaccionado para que aceptasen dichas condiciones.
El grito de alarma saltó con el rescate de dos embarcaciones procedentes de Marruecos que llegaron a Algeciras con 54 súbditos marroquíes, entre ellos, siete menores. Tras tomarles declaración, los agentes se percataron de la posible existencia de una organización criminal que podría estar favoreciendo la inmigración ilegal.
La operación, que ha evitado que arriesguen la vida 70 inmigrantes que iban a salir de manera inminente hacia las costas andaluzas, ha finalizado con una entrada y registro en un domicilio de Cartaya.
Violentas amenazas para evitar grabaciones
Tras diversas gestiones, los agentes comprobaron que la organización estaba perfectamente estructurada en dos ramificaciones. Una de ellas estaba asentada en la Región de Rabat, en las ciudades de Kenitra y Salé (Marruecos), donde captaban, alojaban y transportaban a los migrantes hasta el punto de salida. La segunda ramificación se encontraba asentada en Cartaya, cuyo líder, familiar del responsable en Marruecos, se encargaba de la recepción y alojamiento en su propio domicilio de los migrantes hasta su destino final en la península.
Antes de cada trayecto, los miembros de la organización no dudaban en amenazar a los traficados con cortarles los brazos si les veían grabando con un teléfono móvil durante la travesía; por ello les cacheaban y quitaban sus terminales. Debido a la demanda, los migrantes debían pagar por adelantado 2.000 euros para asegurarse una plaza en la embarcación.
España en el epicentro de las redes de trata
Según informó el Gobierno español el pasado 30 de julio con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa. El ejecutivo citaba unos datos de 2018, cuando 13.317 mujeres fueron explotadas sexualmente en el país, de las cuales 4.300 eran víctimas de trata con fines de explotación sexual.
«Sabemos que España es uno de los principales países de tránsito y destino de víctimas de trata en Europa», indicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad. Según precisan las mismas fuentes, la «persistencia» de estas violencias y, en muchos casos, su «invisibilida» requieren de «una actuación prioritaria, urgente y dirigida tanto a la dimensión individual como a la social o estructural».
El citado Ministerio considera que hace falta una «radiografía» de la situación de estas personas, en especial de las mujeres, que sufren trata y explotación sexual en España, para «continuar legislando con el firme compromiso de desarrollar una ley integral contra todas las formas de trata, que tenga perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de las víctimas».
