Agentes de los Mossos d’Esquadra, junto con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de personas a nivel internacional. Esta investigación ha permitido detener hasta doce personas, la mayoría de ellas subsaharianas, e identificar a más de 1.000 víctimas, entre las cuales también había embarazadas y menores de edad.
Todos ellos eran abandonados cuando dejaban de satisfacer las exigencias de sus explotadores.
Esta organización criminal estaba repartida por todo el territorio e, incluso por otros países europeos en un red que se extendía más allá de las fronteras españolas. En el ámbito nacional, se registraron múltiples domicilios en las demarcaciones de Burgos, Lleida y Barcelona. Y, a nivel supranacional, Alemania, Portugal y Holanda también han protagonizado varias inspecciones. En total, la operación se ha saldado con 12 detenidos, todos ellos ya entre rejas.
Además, se pudieron intervenir hasta dos kilos de marihuana y se estima que el beneficio de dicha mafia era superior a los 500.000 euros desde que se inició la investigación, a finales de 2018.
Dos años investigando a esta mafia
La investigación comenzó a finales de 2018 y ha concluido en el mes de mayo, cuando ha finalizado la investigación conjunta entre los Mossos y la Guardia Civil. Las pesquisas en este sentido se pusieron en marcha cuando se percataron de la presencia de una organización que trasladaba a Francia bajo coacción un número elevado de personas indocumentadas.
Las víctimas procedían, en gran medida de países africanos y eran captados para trabajar en precario y de manera irregular.
Primero las trasladaban a España y de ahí las repartían hacia otros países como Francia, Bélgica o Alemania. Una vez en el país de destino, les exigían el pago de entre 500 y 750 euros. Para asegurarse de que pagaban solían aprovecharse de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban, llegando, incluso, a abandonar a un menor durante un viaje porque no había podido pagar toda la cantidad exigida
Aposentados en Catalunya
Una parte de esta organización estaba establecida en España, formada principalmente por personas subsaharianas que residían en la demarcación de Lleida, donde disponían de un piso a cargo del jefe de la organización en la localidad de Rosselló (Segrià). Disponían de un segundo inmueble en Mataró, donde vivían el resto de los miembros de la organización.
Cada integrante tenia un rol muy bien diferenciado y obedecía a una jerarquía clara y muy marcada, como suele pasar en este tipo de organizaciones criminales. El líder a nivel internacional era un hombre centro-africano que residía entre Portugal y Alemania y que presumía de llevar 25 años traficando con personas. Desde Europa dirigían los viajes España-Portugal, España-Alemania (donde vivían los principales líderes de la organización). Se han podido contabilizar unos 90 viajes, que habrían movido más de 1.000 personas, todas ellas víctimas de la organización.
Todos los integrantes tenían los protocolos muy estudiados y habían adoptado unas normas de desplazamiento muy estrictas para evitar ser reconocidos e identificados por los cuerpos policiales. La investigación la he dirigido el juzgado de primera instancia e instrucción de Tremp con el impulso de la Fiscalía. La coordinación internacional se ha realizado a través del organismo Eurojust, con la participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
