Hacia una semana que Lluís Gros, condenado a 23 años de prisión por abuso sexual, prostitución y corrupción de menores, estaba en búsqueda y captura. Este hombre de 76 años fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre.
No obstante, dado el largo historial de recursos que presentó su defensa, seguía en libertad. Su principal baza: asegurar que estaba enfermo. Sin embargo, su suerte cambió el pasado 26 de abril cuando finalmente el juez le dio 15 días para entrar en prisión y cumplir condena. Lluís no se presentó.
El youtuber alertó de su ubicación
Entre medio de esta historia, aparece hace siete meses la figura del youtuber y periodista de investigación, Carles Tamayo. El catalán estaba realizando un reportaje sobre este caso de pederastia con el acusado, según él, aceptó la propuesta que le hizo el propio Lluís G. para “retratar la impunidad con la que vivía el ya condenado”.
Sin embargo, hace poco más de una semana el ahora detenido, que también conocía de la ejecución de la orden, se marchó a Tarragona para esconderse y pasar desapercibido. Fue el mismo Tamayo quien lo convenció para verse una última vez en Barcelona y concluir el documental: con su detención. Conociendo, pues, la ubicación del prófugo, el periodista avisó a los Mossos que, entre los gritos y amenazas que el agresor sexual procesaba al youtuber, pudieron proceder a su detención el pasado miércoles 19 de mayo en el barrio de Vallcarca (Gràcia, Barcelona).
“Esto lo pagarás caro”
Según explica Carles Tamayo en su cuenta de Instagram, dónde acumula más de ochenta y seis mil seguidores, en este último encuentro, antes de la llegada de los Mossos, le dio un ultimátum: "ha podido escoger entre reconocer su delito y pedir perdón a las víctimas; o intentar huir de la justicia y girar la cara de nuevo a los chicos abusados... Ha escogido la segunda". El diario Ara.catrecoge que, fue después de que el pederasta negara de nuevo los hechos que el periodista llamó a los Mossos.
En un primer momento, la policía catalana le aseguró que no había ningún orden de detención contra el hombre, porque no encontraban los documentos oficiales. Horas más tarde, sin embargo, se produjo la detención. Carles Tamayo lo grabó todo, poniendo fin a su documental. En el vídeo, se aprecia como los agentes tienen esposado el hombre, el cual, mientras forcejea con los Mossos, no para de gritar que "está enfermo" a la vez que lanza amenazas e insultos contra el youtuber catalán: "¡Carles, esto lo pagarás caro! ¡Eres un hijo de puta!".
Abusos y prostitución en salas de cine del Maresme
Con todo, Lluís G., vecino de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), fue el propietario de varias salas de cine de la zona del Maresme. Valiéndose de su cargo contrataba a menores para repartir publicidad a quienes además ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales, y había llegado a abusar con penetración.
Concretamente, según la sentencia, quedaba probado que entre los años 2007 y 2011 Lluís G.M. contrató a varios menores de entre 13 y 17 años con el pretexto de repartir publicidad de las salas que regentaba para luego abusar de ellos “aprovechándose de su inmadurez y de la posición de superioridad que ostentaba al ser su jefe”.
Del escrito también se podía extraer que el acusado llegó a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero con alguno de los menores que contrataba. Concretamente, matizaba la sentencia, llegó a abusar hasta en 15 ocasiones de uno de ellos a quien le pagó cantidades que oscilaron entre 30 y 50 euros a cambio de mantener relaciones íntimas.
Rechazados todos los recursos
Con esta ratificación, los jueces del Supremo desestimaban el recurso de casación presentado por el antiguo responsable de las salas de cine porque consideran que «hay pruebas más que suficientes para dar por probados los hechos». Y, de este modo, se ratifica la sentencia emitida en 2019 por la Audiencia de Barcelona que ya lo condenó a 23 años y 8 meses de prisión por tres delitos de abusos sexuales y dos delitos de prostitución y corrupción de menores además del pago, en concepto de responsabilidad civil, de una indemnización de 46.500 euros a sus víctimas.
