Los Mossos d’Esquadra han prorrogado un día más la detención del líder de Vox en Lleida, detenido esta semana por un supuesto delito de violencia sexual, al no haber terminado de revisar los teléfonos móviles y ordenadores incautados al sospechoso.
En los primeros registros ya encontraron imágenes, algunas de ellas con contenido sexual, que comprometerían a Ortiz Cambray.
Los investigadores buscan en esos aparatos, más pruebas (entre vídeos, imágenes y mensajes) que corroboren las sospechas de contactos sexuales entre Ortiz Cambray y hombres con discapacidad mental, tutelados por una fundación de tutelaje en Lleida.
Todas las alertas saltaron cuando los tutores, de uno de los chicos, revisaron su teléfono móvil y descubrieron mensajes sospechosos con el detenido.
La víctima comparece ante el juez
José Antonio Ortiz Cambray pasará a disposición judicial a lo largo del viernes y, por el momento, se ha negado a declarar ante los Mossos. Y, a pesar de seguir arrestado en dependencias policiales, Ortiz fue trasladado, momentáneamente, al juzgado de instrucción de guardia para asistir a la comparecencia de la víctima de dichos delitos.
Como informó el TSJC, la comparecencia se hizo siguiendo el protocolo de la conocida como “cara de Gesell” (no hay contacto visual entre víctima e investigado, y las preguntas no las pueden hacer directamente las partes, sino un profesional asistencial especializado). Las partes personadas y la propia magistrada siguen la comparecencia detrás de un cristal que facilita la intimidad y la seguridad que la víctima necesita y la ley exige.
La diligencia se alargó durante toda la mañana y el detenido fue devuelto a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Las pesquisas
Como ha podido saber eltaquigrafo.com, las pesquisas de los Mossos habrían determinado ya contactos entre Ortiz Cambray y al menos tres discapacitados tutelados por esa fundación, aunque de momento el TSJC solo confirma una única víctima.
Aun así, no se descarta que el arrestado organizara encuentros y fiestas con varios de ellos, aunque solo abusara de uno.
La investigación policial apunta a que Ortiz Cambray pagaba al joven con discapacidad entre 10 y 20 euros para llevar a cabo prácticas sexuales con penetración.
Un argumento que podría utilizar ahora la defensa de Ortiz es que esos contactos se hicieron con el “consentimiento de las personas contactadas”, aunque ahora habrá que determinar, con un examen forense, si estos tienen o no capacidad mental suficiente para entender la trascendencia de sus actos.
También se investiga si consumía e intercambiaba material pornográfico protagonizado por menores. De momento, no consta que entre las personas tuteladas que acudían a esas citas sexuales haya algún interno menor de los 18 años.
