No hacía ni 24h que habían hablado. Baltasar Garzón volvía de un viaje en avión y al aterrizar en Madrid su teléfono móvil estalló a mensajes. Habían detenido a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, la organización mediática internacional, que publica a través de su web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público.
Antecedentes
Su caso es complejo. Assange saltó a la fama en 2010 después desvelar, a través de WikiLeaks, cientos de miles de documentos secretos que hicieron temblar los despachos presidenciales a ambos lados del Atlántico. Entre ellos, 92.000 informes sobre la guerra de Afganistán.
Ahora con su detención, se pone fin a casi siete años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió el 19 de junio de 2012, después de que la justicia británica lo dejara en libertad provisional.
Assange, que estaba reclamado entonces por Suecia, donde una mujer le acusaba de un delito de coerción ilegal y dos de abusos sexuales, temía que toda esta trama acabase con su extradición a Estados Unidos, donde también lo reclamaban por la difusión de secretos de Estado.
Asilo político
La cuestión es que cuando tuvo que asistir a la vista ante la justicia británica, para responder por los supuestos delitos sexuales de los que se le acusaba en Suecia, Assange se refugió en la delegación ecuatoriana de Londres, “quebrantando” así, según Westmister, la libertad provisional que le habían dictado.
Ahora su situación es una total maraña legal, pues por una parte podría recibir una pena de hasta doce meses en el Reino Unido al no haberse presentado en junio de 2012 ante la Justicia británica y, por otro lado, tal como ha explicado Baltasar Garzón a este medio, le pesa una orden de extradición a los Estados Unidos. “Una orden de detención que, desde diciembre de 2017, a pesar de que se había negado por activa y por pasiva que existiera, estaba en Londres y ahora se ha activado por parte de Estados Unidos”.
La batalle legal empieza ahora
Garzón, jefe de los abogados de Assange, ha asegurado que la auténtica batalla legal empieza a partir de ahora, con el inicio del proceso de extradición.
Aun así, encaran el futuro con optimismo y tienen el convencimiento de que pueden ganar dicha batalla y evitar, así, cualquier proceso de extradición. El Reino Unido, por otro lado, se ha comprometido por escrito a no extraditarlo a un país donde se pueda enfrentar a la pena de muerte.
Garzón ha asegurado que, tanto él como el resto de los abogados del activista, velarán por proteger sus derechos; unos derechos que estaban protegidos por el asilo de la embajada de Ecuador y que ahora “de una forma arbitraria y sin justificación suficiente” han quedado expuestos.
Es por ello, que el exmagistrado de la Audiencia Nacional considera que Assange sufre una “clara persecución política”, y que todas estas trabas se suman a “las muchas dificultades a las que Julian Assange se tiene que enfrentar en defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información desde hace más de siete años”.
¿Y ahora?
Con todo y, en primer lugar, Assange declaró este jueves en los juzgados de Westmister, para responder sobre el “quebranto” de su libertad provisional. Además, antes de emprender cualquier procedimiento de extradición, Garzón ha afirmado que, debe haber (si la hay) sentencia firme en relación con esta primera cuestión.
Por otro lado, el exmagistrado ha asegurado que “se han reactivado las medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pertenecen tanto Ecuador como Estados Unidos”, además de activar otras medidas internacionales ante el grupo de trabajo de Naciones Unidas de detenciones arbitrarias.
El fundador del WikiLeaks permanecerá ahora bajo custodia y recibirá su sentencia definitiva por el delito cometido en el Reino Unido en una fecha aún por determinar en la Corte de la Corona de Southwark, en Londres.
Por otra parte, Assange volverá a comparecer el próximo 2 de mayo ante la Corte de Magistrados de Westminster, en relación con el proceso de extradición a EE.UU. Está previsto que aparezca en esa sesión por videoconferencia desde prisión.
Presunta extorsión de información
Baltasar Garzón también aseguró en declaraciones a eltaquígrafo.com, que están evaluando la posibilidad de emprender acciones legales tanto en España como en Ecuador “por la injerencia o el asalto informático que se ha sufrido dentro de la embajada tanto Julian Assange como sus abogados defensores, por medio de un hackeo y una substracción de grabaciones y documentos, así como una posible extorsión que se ha detectado y que ya se está procesando”.
