Noelia Romero, la ‘excompliance’ oficial del FC Barcelona, la persona encargada de garantizar la conducta ética, detectó irregularidades en el contrato suscrito por el Club con la empresa ‘I3 Ventures’ y así se lo hizo saber por escrito a la Junta Directiva que presidía Bartomeu. Mientras Price Waterhouse Cooper auditaba los movimientos del Barça, por encargo; Noelia Romero elaboraba su propio informe interno, en cumplimiento de su papel como veladora de los valores y la ética.
Al recibir dicho informe, el expresidente del Barça, sin atender a otras razones, optó por el despido fulminante de la ‘compliance’. Esto provocó que la empleada emprendiera acciones legales en la magistratura de trabajo contra el Club, iniciando un contencioso laboral que todavía no ha llegado a juicio.
Entregó 3 dispositivos con contenido irregular
Pero, además, tras el despido, Romero, aconsejada por sus abogados, también se dirigió voluntariamente al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, a cargo de las diligencias por el caso del ‘BarçaGate’, y entregó tres dispositivos corporativos (portátil, tablet y móvil) con toda la información para que no pudiese ser manipulada. Los tres dispositivos habían sido utilizados por la ‘compliance’ durante su estancia en el Fútbol Club Barcelona.
Todos los dispositivos entregados le habían sido reclamados por la Junta Directiva del Club, pero ella, lejos de devolverlos, se personó en el Juzgado y los entregó poniendo su contenido a disposición de la juez y de la Fiscalía.
Libertad con cargos al ser considerados delitos menores
Fuentes próximas al caso sostienen que el aporte de información contenido en los tres soportes electrónico ha resultado fundamental para armar el sumario que durante meses se ha mantenido secreto. Sin embargo, a pesar de que tanto Bartomeu, como su mano derecha, Jaume Masferrer, han pasado la noche en los calabozos de la comisaria de Les Corts, la Fiscalía asegura que no ha solicitado medida cautelar alguna para ninguno de los dos detenidos, al ser los delitos atribuidos (administración desleal y corrupción entre particulares) faltas socialmente muy reprobadas, pero con una muy baja pena, desde el punto de vista penal.
Cabe recordar, por otro lado, y como adelantó este medio, que Carlos Ibáñez, el presidente de la principal empresa implicada, ‘I3 Ventures’, huyó a Uruguay semanas antes de que se iniciase este operativo. Ibáñez firmó un contrato con el FC Barcelona para iniciar una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales. Esta acción tenía como presunto objetivo difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep María Bartomeu.
De este modo, la junta directiva de los azulgrana contrató a la empresa del ahora desaparecido Ibáñez, que se encuentra en paradero desconocido por Uruguay, para que gestionase el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca. Pero para más inri, las facturas de esta contratación se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva. De este modo, los gastos quedaban invisibilizados ante los posibles retractores de la propuesta.
