Las víctimas eran explotadas sexualmente en pisos burdeles en Francia por una red criminal que operaba desde España e Italia.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional junto a las Policías de Francia y de Italia y a la Procuraduría de República Dominicana sea desarticulado una organización de proxenetas y liberado a 41 víctimas explotadas sexualmente en numerosos pisos burdel de Francia.
Han sido detenidas diez personas, tres en Figueres (Girona), cuatro en Francia, una en Italia y dos en República Dominicana, a los que se les acusa de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución y blanqueo de capitales
Traslado de las mujeres cada pocos días
Los implicados trasladaban a las víctimas de manera muy frecuente a diferentes ciudades, lo que impedía que pudieran establecer vínculos y que dificultaba la detección de la actividad criminal. Los consumidores de prostitución creían que hablaban con las víctimas, cuando eran los propios miembros de la red criminal quienes gestionaban y decidían sobre las condiciones.
Anuncios de prostitución en webs francesas gestionadas desde España
La operación se inició al descubrir anuncios de prostitución en páginas web francesas gestionados desde España. La organización tenía implicados en Francia que facilitaban las habitaciones para la explotación de las víctimas. Los propietarios de los inmuebles donde eran trasladadas, sabían que en ellos se ejercía se prostituía a las víctimas e incluso participaban en la publicidad de la explotación sexual.
Turismo sexual
Los principales responsables de la red criminal establecieron una sede logística en la República Dominicana, desde donde gestionaban los anuncios de prostitución en páginas web, las llamadas de los clientes y el desplazamiento de las víctimas a nuevas ciudades, siguiendo el modelo conocido como “sex-tour”.
Este sistema se basa en una forma de turismo con el propósito de mantener relaciones sexuales con mujeres prostituidas. La frecuencia de estos viajes impedía que las víctimas pudieran establecer vínculos en las ciudades a las que eran trasladadas y además dificultaba la detección de la actividad criminal.
