El clan 'los Manolos', como aseguraron fuentes de los Mossos d’Esquadra, se había adueñado del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Imponiendo sus códigos de honor por encima de cualquier ley, ejercían un control absoluto sobre diferentes familias de la zona para liderar, de este modo, todo el negocio delictivo que habían ido construyendo durante años. Los otros clanes vivían o no vivían en el barrio según el permiso que les otorgaban 'los Manolos'. Y, esta realidad, según fuentes conocedoras del caso —que han preferido mantenerse en el anonimato—, es conocida y (resignadamente) aceptada por todos, desde hace años.
Han sido estas mismas fuentes las que han asegurado a eltaquigrafo.com que los protagonistas del tiroteo del pasado mes de mayo en Montcada i Reixac (Barcelona) huyeron de La Mina, como sospechaban los vecinos legales del bloque okupado, tras ser amenazados por 'los Manolos', al querer intervenir en sus negocios delictivos.
En su día, los vecinos de la calle Sant Ignasi, de Montcada i Reixac, donde se registró un tiroteo a plena luz del día por el conflicto entre dos familias de okupas, ya comentaron a este medio que creían que la familia de narcotraficantes que tenían en el edificio había sido expulsada del barrio de La Mina por problemas con el tráfico de drogas. Estas fuentes confirman, así, las sospechas de los vecinos y añaden que detrás de su expulsión se encontraba en clan 'los Manolos', objeto de la macrooperación policial registrada el pasado 2 de julio.
De La Mina a Montcada
Tras ser expulsados de La Mina, llegaron al edificio okupado del barrio de Mas Rampinyo, de Montcada i Reixac. Con su llegada, el inmueble de obra vista y balcones de cristal de la calle Sant Ignasi se convirtió, según los vecinos del barrio, en un auténtico local del trapicheo. En él vivían —y viven— otras familias que, religiosamente, pagan su hipoteca o su alquiler, pero la gran mayoría de los inquilinos lo hacían de forma ilegal, enfrentadas las unas con las otras, pinchando el agua, la luz y el gas. Pero, además de malconvivir de este modo, entre discusiones, amenazas y persecuciones, el edificio se convirtió en el narcobloque del barrio.
Los problemas derivados del tráfico de droga en el edificio avivaron la tensión entre la familia llegada de La Mina y otra familia de okupas feriantes que se negaban a convivir con las plantaciones de marihuana de dicho clan. Los vecinos hacía semanas que conocían la amenaza que existía por parte de los traficantes ya que, como comentaron en su momento, todo entre ambas familias era verbalizado en público y a voces. «Sabíamos que los traficantes habían amenazado a los feriantes porque éstos previamente habían amenazado con llamar a la Policía si no sacaban del bloque toda la marihuana», explicaron a este medio.
La amenaza finalmente se saldó y uno de los feriantes recibió dos tiros (uno en la rodilla y otro en la ingle). Sucedía a pleno sol y a sangre fría. Pero el agresor no pensó en algo: su detención —tras esconderse en uno de los inmuebles— permitió a los agentes de los Mossos d’Esquadra destapar todas las plantaciones de marihuana.
Luego, cayeron 'los Manolos'
Dos meses después del tiroteo en Montcada y de la detención del pistolero, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 28 miembros del clan de 'los Manolos' —nueve de los cuales ya están en prisión, al considerarse los capos de todo el entramado—, en el marco de un macrooperativo policial en el que participaron más de 500 agentes de la Policía catalana.
Según los investigadores, 'los Manolos' se dedicaban a cometer un amplio abanico de acciones delictivas que les permitía disfrutar de un alto nivel de vida, hecho que indicaría, también, que el grupo podría estar implicado en un delito de blanqueo de capitales. Para conseguir sus objetivos, imponían un clima de terror en la zona, gracias a su amplia estructura, con la actuación grupal para afrontar situaciones de crisis y con la utilización de la violencia con armas de fuego.
Gracias a esto, conseguían imponer una ley del silencio que dificultaba cualquier investigación policial o judicial ante la inexistencia de denuncias y cooperación con la Policía.
