La investigación policial que trata de destapar el entramado criminal dirigido por el clan familiar 'los Manolos' ha puesto de manifiesto que, tras el último macrooperativo policial en el que se realizaron más de 30 registros en distintos municipios de Catalunya —con epicentro en el barrio de La Mina, de Sant Adrià de Besòs—, los agentes pudieron incautar 39.000 euros en efectivo, ocho vehículos de gama media y alta valorados en más de 300.000 euros, 1,5 kg de oro que tendría un valor de unos 55.000 euros y más de 15.000 euros en diferentes productos electrónicos, así como cuatro pistolas semiautomáticas, un fusil automático AK-47 operativo, 639 proyectiles de diferente calibre, 10 armas de fuego simuladas y 55 armas blancas prohibidas.
Durante el mismo operativo del pasado 2 de julio, en el que participaron más de 500 agentes de los Mossos d'Esquadra y se pudo detener a 28 miembros del clan —nueve de los cuales ya están en prisión, al considerarse los capos de todo el entramado— también se desmantelaron ocho plantaciones de marihuana con las plantas crecidas y otras tres con toda la infraestructura a punto.
Control sobre La Mina
Tal como explicó a los medios el subinspector del Área Central de los Mossos, Jonathan Herrera, los sospechosos se dedicaban a «ejercer el control sobre diferentes familias de la zona y a cometer una serie de delitos violentos, con los cuales atemorizaban a buena parte de la población», y estarían también involucrados en dos peleas con armas de fuego en los barrios de La Pau y La Mina, ocurridas en los últimos dos meses. La investigación se inició hace un año, en junio de 2019, al tener conocimiento de que distintas personas de un mismo clan familiar, asentado en La Mina, podrían estar detrás de una serie de delitos violentos acaecidos los últimos años.
Fruto de las indagaciones policiales, los investigadores determinaron que los presuntos autores de los hechos serían personas de una misma familia, las cuales integrarían una organización criminal perfectamente estructurada y dedicada a cometer diferentes tipos de ilícitos penales de forma reincidente y continuada. Principalmente, se apunta desde el cuerpo, delitos asociados al tráfico de drogas, robos con fuerza a establecimientos comerciales y mercancía de camiones y tenencia de armas.
Comisión constante de delitos
En el periodo de tiempo que duró la investigación, aseguran fuentes de la Policía catalana, se pudo confirmar que la organización habría participado en un gran número de actos ilícitos de diferentes tipologías, las cuales les garantizaban su modus vivendi, puesto que no se les conoce ninguna actividad que les genere ingresos lícitos y sobrevivían a base de los que obtenían de sus delitos.
Sus actividades delictivas, afirman las mismas fuentes en un comunicado, se centraban en tres delitos básicos: delitos de coacciones de carácter violento, contra el patrimonio y contra la salud pública. Así, en cuanto a los delitos relacionados con el uso de la violencia, los Mossos destacan principalmente las coacciones, «que ponían en práctica como método de obtener dinero de forma rápida y mantener en un estado de terror a todos los vecinos de la zona». Su modus operandi era muy violento y no reparaban en hacer uso de las armas de fuego si era necesario, escogiendo siempre objetivos que sabían que les ofrecerían poca resistencia.
En relación con los delitos contra el patrimonio destacarían los robos de las cargas de camiones estacionados en áreas de servicio, «un delito que les proporcionaba grandes beneficios», aseguran fuentes cercanas al caso. Además, según se ha destapado, también se dedicaban al cultivo y la venta de marihuana, y se les ha podido relacionar con otras organizaciones dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes en el barrio de La Mina.
Clima de terror
Según los investigadores, este amplio abanico de acciones delictivas permitía a los miembros de la organización criminal disfrutar de un alto nivel de vida, hecho que indicaría, también, que el grupo podría estar implicado en un delito de blanqueo de capitales. Para conseguir sus objetivos, imponían un clima de terror a la zona, gracias a su amplia estructura, con la actuación grupal para afrontar situaciones de crisis y con la utilización de la violencia con armas de fuego. Gracias a este clima, conseguían imponer una ley del silencio que dificultaba cualquier investigación policial o judicial ante la inexistencia de denuncias y cooperación con la Policía.
