Las investigaciones comenzaron a finales de 2018, cuando se observó que, con el fin de no abonar lo pertinente a la Seguridad Social, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.
Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -algunos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.
Una empresa que no daba vacaciones
Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros.
La administradora de esta empresa, ahora detenida, pagaba el salario de los trabajadores en metálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacía contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su desempeño profesional.
Además, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.
700.000 euros de financiación
En otro caso, una empresa administrada concursalmente intentó ser comprada fraudulentamente por una segunda sociedad, con la que supuestamente se resolverían los más de 150.000 euros de deuda con la Seguridad Social.
Para reforzar la oferta, la segunda empresa aportó un documento firmado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de una financiación para esta operación por un importe de 700.000 euros. Curiosamente, el administrador de esta última empresa, que fue comprada por un euro y que no figura dada de alta en la Seguridad Social al carecer de trabajadores, cobraba un subsidio por desempleo cuando firmó la financiación.
Las operaciones se han llevado a cabo en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.
