Como si se tratase de los populares y ficticios protagonistas de la serie de televisión, «Hijos de la Anarquía», varios miembros del club de moteros, Ángeles del Infierno, tienen un largo y oscuro historial de delitos vinculados con el tráfico de drogas, asesinatos y la prostitución. A pesar de los muchos golpes que los cuerpos de seguridad del Estado han perpetrado contra este grupo en los últimos años, parece que la banda motera de los Hells Angels (Ángeles del Infierno) no se amilana en su voluntad de transgredir la ley.
En este último caso, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación conjunta denominada 'Jabalí-Vulcano', han podido desarticular al grupo de Tenerife, liderado por el 'Capítulo' de las Islas Canarias, con la detención de sus seis integrantes. Las acusaciones a las que se enfrentan esta vez son el tráfico de drogas, la posible extorsión a determinados sectores comerciales y haberse hecho con el control de la seguridad de numerosos locales de alterne de la isla, mediante coacciones.
En la operación, capitaneada por la Benemérita, se ha procedido al registro de seis inmuebles, interviniéndose dos plantaciones de marihuana altamente sofisticadas en las localidades de Guargancho y Garachico, así como el desmantelamiento de un local de consumo de marihuana, propiedad de uno de los detenidos, ubicado en una zona de mucha concurrencia turística de la costa de Adeje.
Buscados a nivel internacional
La investigación se inició en septiembre del pasado año y ha contado, incluso, con el apoyo de autoridades policiales y aduaneras de Dinamarca, Noruega y Alemania. Entre todos los detenidos, de diversas nacionalidades —dos ciudadanos alemanes, un polaco, un francés, un serbio y un español—, acumulaban un nutrido historial policial. Uno de ellos, el de origen serbio, realizaba funciones de custodia de una de las plantaciones de marihuana y contaba con una orden internacional de detención emitida por las autoridades de Belgrado por su pertenencia a una de las más conocidas bandas criminales del país: los Pink Panthers. Una banda famosa por sus osados y multimillonarios robos y atracos.
Otro de los detenidos contaba con una orden de detención internacional por parte de las autoridades francesas por delitos relacionados con el proxenetismo.
Narcotráfico y coacciones
Gracias a la investigación desarrollada, los agentes han podido constatar que las principales vías de financiación ilícita utilizada por los miembros de los Hells Angels de las Islas Canarias y sus grupos de apoyo eran el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, y la coacción y el control de determinados sectores laborales, como negocios de tatuajes o la seguridad de los clubes de alterne o burdeles. En este sentido, como adelanta La Vanguardia, la investigación se ha centrado en acumular indicios que prueben que estaban extorsionando a titulares de comercios de diferentes sectores.
En las diferentes entradas y registros, entre ellos un supuesto club de fumadores, se localizaron, además de numerosos utensilios para el manejo y tratamiento de la droga, diversas armas prohibidas y 1.000 plantas de marihuana. La operación ha sido coordinada por la Fiscalía Antidroga y el Juzgado de Instrucción, número 2, de Granadilla de Abona.
No es el primer caso
No es la primera vez que se relaciona a este club de moteros con el tráfico de marihuana, la extorsión o la prostitución. En nuestro país existen hasta 13 sedes reconocidas de los Ángeles del Infierno, la mayoría de ellas en Catalunya y Andalucía.
Y lo cierto es que, recientemente, se les ha vuelto a escuchar en los medios. El último suceso que trascendió sucedía el pasado mes de mayo en Catalunya, cuando la Audiencia provincial de Barcelona condenó a tres miembros del grupo de moteros a catorce años de prisión cada uno, por la muerte de un joven de una banda rival, en 2017. Los tres acusados le propinaron una paliza que le dejó en coma y, al cabo de los meses, murió a causa de las lesiones irreparables sufridas entonces. Además de la pena de prisión por un delito de homicidio doloso, los imputados deberán pagar una indemnización de 357.000 euros a los familiares de la víctima.
