La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra detuvo y puso inmediatamente en libertad a un agente del cuerpo por presuntamente haber facilitado datos confidencial a un ciudadano. Al parecer el agente habría dado información cifrada sobre las cargas de un vehículo a un individuo investigado por narcotráfico por el Juzgado de Instrucción 2 de Reus. Este sujeto estaría interesado en comprar el vehículo y el agente le habría dado los datos al respecto.
Sin embargo, a diferencia de los que se filtró a los medios de comunicación, este mosso nada tendría que ver con la trama de narcotráfico y su caso debería, en todo caso, investigarse en una causa separada.
Lamentan la filtración y tomarán medidas
Desde el sindicato policial USPAC lamentan que se haya filtrado información errónea sobre el agente, al que han vinculado de forma errática con esta trama de narcotráfico en las Terres de l’Ebre (Tarragona). En un comunicado emitido por dicho sindicato se matizan los motivos de la detención, asegurando que “es previsible que el Juzgado de Instrucción 2 de Reus abra una pieza separada y remita las actuaciones a los juzgados de Tortosa para determinar si realmente existió revelación de secretos o un mera infracción disciplinaria por consultas indebidas”.
Es por ello, por lo que desde USPAC aseguran que se tomarán medidas judiciales, interponiendo una querella criminal por un presunto delito de revelación de secretos contra los responsables o funcionarios de la DAI que hayan filtrado la información de esta causa, declarada secreta.
La DAI, de nuevo, en el punto de mira
No es la primera vez que este sindicato lamenta y/o cuestiona las actuaciones de la División de Asuntos Internos de los Mossos. En este sentido, recientemente, el portavoz de USPAC, Albert Palacio, celebraba a preguntas de eltaquigrafo.com que, tras años de lucha en los juzgados, por fin el Tribunal Supremo había resuelto a favor de los recursos presentados por el sindicato y que la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos ya no podría ejecutar sus sanciones internas hasta que no haya una resolución judicial firme.
Esta decisión obliga a la Dirección General de la Policía catalana a indemnizar a varios agentes que fueron expedientados y sancionados antes de que la justicia se pronunciase al respeto.
