Julian Assange, Snowden, Chelsea Manning y otro tantos "alertadores" pusieron sus vidas en riego para denunciar públicamente actuaciones y secretos gubernamentales que ponían en tela de juicio las bases de algunas de las democracias más antiguas del mundo. Eran conscientes de las posibles represalias y aún así dieron la cara por defender aquello que creían que debía ser sabido por todos.
En este sentido, Blueprint For Free Speech (una ONG internacional que busca contribuir al debate público en la protección de la libertad de expresión y las libertades de los medios de comunicación), en colaboración con la consultora internacional IPSOS, ha realizado un estudio que revela el fuerte apoyo público a la protección de estos alertadores en toda España. Entendiendo por "alertador" al ciudadano que, trabajando en sectores públicos o privados, se encuentra, en un momento dado, confrontado con un hecho que puede constituir un delito, peligro o fraude, y que está siendo silenciado. El alertador decide entonces dar a conocer este hecho a la sociedad civil, a los medios de comunicación o a los organismos públicos.
Los resultados del estudio muestran que el 71% de los españoles encuestados cree que se debe apoyar a estos ciudadanos, aunque revelen información confidencial y secreta desde dentro de una organización. Solo el 16% está en desacuerdo y cree que estos alertadores deberían ser castigos.
En España no hay protección para los "alertadores"
En España, sin embargo, son numerosos los casos de personas que deciden alertar sobre irregularidades a pesar de saber que no existe normativa alguna que les proteja de posibles represalias. De hecho, nuestro país se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en materia de protección legal y social de los alertadores.
Es por ello por lo que iniciativas de la sociedad civil como el proyecto europeo Expanding Anonymous Tipping (EAT), del que forma parte Blueprint For Free Speech, buscan dar soluciones a la demanda de canales seguros de denuncia de irregularidades en organizaciones de toda Europa. Y que, de este modo, los alertadores sientan el amparo y la protección de velar por la libertad de prensa e información. Estos buzones, que facilita la EAT, utilizan tecnología de encriptación y el anonimato para proteger a las personas alertadoras, lo que puede alentar a las personas a enfrentarse a la corrupción si temen represalias.
FIGBAR, precursores en la defensa de los "alertadores"
La Fundación Internacional Baltasar Garzón gestionó y coordinó un primer proyecto de defensa del "alertador" que englobaba los estados miembros de la Comisión Europea. Nació sobre la necesidad de construir entre los estados miembros un marco de protección que garantizase la seguridad de los alertadores en beneficio de la población.
Este proyecto partió del reconocimiento dentro del papel en la lucha contra la corrupción y, por lo tanto, en el fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia.
Mujeres y jóvenes, apuestan por proteger a los "alertadores"
Concretamente, en el estudio que se ha realizado en España, aunque el sentimiento de protección está bastante generalizado, llama la atención que son más las mujeres (73%) que los hombres (69%) las que consideran que hay que alertar de las malas prácticas o irregularidades. Y, por supuesto, proteger a quienes lo difunden y denuncian. Y, dentro de las franjas de edad, el 67% de los jóvenes entrevistados (entre 18 y 24 años) cree que se debe proteger a los alertadores.
Es más, casi tres de cada cuatro españoles - de ambos sexos y todas las edades - (73%) sienten que es apropiado alertar incluso si tienen que revelar información secreta.
