Ni la distancia de seguridad ni el toque de queda han conseguido disuadir a algunos jóvenes que, más de un año después del primer caso de COVID-19 en nuestro país, parecen no ser todavía conscientes de la gravedad de la crisis sanitaria.
El último ejemplo de esta inconsciencia, sino egoísmo, es el de este fin de semana en Alicante. La Policía Local alicantina ha detectado tan solo durante la noche del viernes, gracias a un dron equipado con cámara térmica, seis botellones con 138 asistentes distribuidos en varios puntos de la ciudad sin, por supuesto, respetar las medidas sanitarias impuestas desde la Generalitat. Los agentes han interpuesto 142 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, sancionado con 90 euros; por reunirse en grandes grupos, limitado en la Comunidad Valenciana a un máximo de dos personas en espacios de uso público, y por incumplir el cierre perimetral.
La operación se inició sobre las seis de la tarde en la playa del Postiguet. A través del altavoz que incorpora el dron, los agentes alertaron sobre la obligatoriedad de guardar la distancia de dos metros, llevar la mascarilla y cumplir el toque de queda. Con la caída de la noche, el dispositivo se desplazó hacia la zona montañosa de Cabo de las Huertas. Allí fue donde la cámara térmica captó a más de un centenar de jóvenes de botellón. La policía, que los dispersó y los sancionó, identificó entre ellos a cuatro menores que fueron acompañados hasta sus domicilios.
El Ayuntamiento continuará con estos dispositivos para controlar que se cumplan las medidas sanitarias y para detectar botellones y fiestas privadas en viviendas y fincas particulares.
Endurecimiento de las sanciones económicas
Las sanciones por el incumplimiento de las medidas sanitarias para paliar la COVID-19 difieren en las distintas comunidades autónomas. En Catalunya las multas por hacer botellón y concentraciones ilegales oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros. En la Comunitat Valenciana las grandes aglomeraciones de gente en lugares públicos está sancionado con multas que van desde los 600 a los 300.000 euros. En Madrid, donde este fin de semana se han desalojado 370 fiestas ilegales, el consumo de alcohol en la vía pública oscila entre los 100 y los 600 euros al ser considerada una infracción leve. En caso de que hubiese más de seis personas podrían imponerse multas que van de los 600 a los 3.000 euros y en caso de que alguno de los presentes se estuviese saltando la cuarentena, podría ser sancionado con hasta 15.000 euros. A nivel estatal, aquellos que no lleven la mascarilla podrán ser multados con la cuantía de 100 euros.
Sin embargo, ya lo ven, las duras sanciones económicas parecen ser insuficientes para disuadir a algunos jóvenes que continúan celebrando botellones y fiestas en lugares clandestinos, ajenos a la pandemia.
