La familia de Julen Roselló, el niño de dos años que perdió la vida tras caer a un pozo el 13 de enero de 2019 en Totalán (Málaga), ha exigido que el juez que envíe a prisión a David Serrano, el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos, ante un nuevo impago de varios plazos de la indemnización a los padres, relata el Diario Sur. Serrano ya fue condenado a un año de prisión en enero de 2020 por un delito de homicidio imprudente. Sin embargo, al no tener antecedentes penales y haber asumido la responsabilidad de lo ocurrido, la sentencia se suspendió.
No obstante, la justicia también le condenó a indemnizar a la familia de Julen a pagar 89.529,27 euros a cada progenitor, y 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía por las obras de rescate. Ha sido a raíz de un nuevo impago que la familia de Julen ha exigido su ingreso a prisión.
Serrano debe abonar 50€ mensuales
El dueño de la finca se declaró insolvente. Serrano evitó la vista oral y llegó a un acuerdo de conformidad ratificado por el magistrado. Su gabinete de abogados consignó ante el juzgado el pago de 25.000 euros como signo de buena voluntad para alcanzar el acuerdo. La procedencia de ese dinero sigue siendo un misterio ya que los abogados de Serrano señalaron que el dinero fue facilitado por un empresario cuya identidad se desconoce.
El Diario Sur recuerda que en la sentencia el juez fijó en 50 euros el pago mensual que Serrano debía realizar para abonar el total de la indemnización. Durante 2020, el dueño de la finca pagó dos de las once primeras mensualidades y fue llamado a la atención. Después Serrano se puso al día el pasado diciembre tras ingresar 500 euros en la cuenta del juzgado. Lo mismo ha sucedido en esta última ocasión, y es que fuentes cercanas a su defensa han asegurado que Serrano pagado in extremis los 200 euros que debía ahora.
Si no paga puede ingresar en prisión
El magistrado consideró el primer impago una simple disfunción que ha sido remediada, recordó a Serrano que los 50 euros mensuales que se le han impuesto constituyen una cifra irrisoria respecto del total de la responsabilidad civil y le advirtió de que, ante un nuevo incumplimiento, la decisión podía ser otra.
Según ha podido saber SUR, sólo cuatro meses después de abonar el primer gran impago, el juzgado ha acordado iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión de la condena, tras comprobar en la cuenta de consignaciones que Serrano ha incumplido desde el mes de febrero la obligación de abono de los plazos estipulados para saldar la responsabilidad civil derivada del caso.
En un escrito presentado este martes en el juzgado, la familia del pequeño recuerda que aceptaron el pago de una cuantía mínima de 50 euros como «prueba de buena fe», pero ante el incumplimiento del pago, que consideran «grave y reiterado», solicitan que se revoque el beneficio de la suspensión y el inmediato ingreso en prisión de Serrano para cumplir la pena.
