El juicio por la causa abierta contra 24 extrabajadores y exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) ha vivido un reinicio accidentado y ha vuelto a suspenderse por segunda semana consecutiva en lo que llevamos de 2022.
Después de posponer la primera sesión post vacaciones navideñas, prevista para el pasado día 10, debido a que dos letrados dieron positivo en coronavirus, este lunes 17 el Tribunal de Corts andorrano ha acogido, de nuevo, a los 24 acusados por esta presunta trama de blanqueo de capitales para seguir interrogando a la responsable de cumplimiento, Isabel Sarmiento.
Al iniciarse la sesión, el presidente de la Sala, el magistrado catalán, Enric Anglada, ha comunicado a los presentes que debía dar respuesta a dos escritos presentados por el letrado Josep Antón Silvestre.
El primero de ellos era un escrito de recusación de la totalidad del tribunal. El segundo, de nulidad contra una decisión del mismo tribunal en relación a uno de los acusados que ha sufrido un accidente y que durante un largo periodo no podrá asistir presencialmente a las sesiones.
Peticiones rechazadas sin derecho a recurso
Todas las peticiones presentadas por la defensa de Sarmiento, y de otros cinco acusados más, han sido rechazadas por el tribunal sin ofrecer a los acusados la posibilidad de recurrir dichas decisiones. La primera de estas peticiones, la recusación del tribunal, ha sido rechazada por considerar los magistrados falta de legitimidad y extemporaniedad en la petición presentada por Silvestre. Así lo ha expresado el secretario judicial, quien a petición de Anglada ha leído la resolución de los magistrados.
No obstante, no se han hecho públicos los motivos por los que la defensa de seis de los acusados ha presentado el escrito de recusación del tribunal.
Un acusado convaleciente, origen de la petición de nulidad
Por otro lado, en relación con el segundo escrito, el mismo letrado ha pedido la nulidad del auto dictado hace unos días por el mismo tribunal donde no se acordó la suspensión del juicio hasta que uno de los acusados, Pablo Laplana, pudiera reincorporarse a las sesiones, por estar convaleciente a consecuencia de un grave accidente traumatológico.
Para dar respuesta a esta petición, Enric Anglada ha suspendido el juicio durante casi tres horas, pidiendo la asistencia urgente de un médico forense legal para que dictaminara sobre el informe de lesiones presentado por la defensa del acusado y que impide a este poder asistir presencialmente a las sesiones. Cabe destacar, que el tribunal ya autorizó en su día la no asistencia del acusado al juicio mientras dure su convalecencia, pero este parece insistir en su derecho ha estar presente y no perderse ninguna sesión.
Finalmente, el tribunal, tras obtener el informe del médico forense, ha dictaminado que no existían motivos para suspender la vista por el accidente y la no comparecencia del acusado, dictaminando también que contra esta decisión no cabía posibilidad de recurso. Tampoco han trascendido los motivos que han llevado al tribunal a tomar dicha resolución ni el contenido del informe del médico forense.
Renuncia a las defensas
Así pues, y antes de retomar su turno de preguntas tras las decisiones del tribunal, el letrado Josep Anton Silvestre ha tomado la palabra para renunciar a la defensa de sus clientes, y de todas las causa relacionadas con la Banca Privada de Andorra que estaba llevando hasta ese momento.
En este sentido, el abogado ha esgrimido que, no es que estuviera poniendo en duda que la justicia andorrana o el tribunal no fueran imparciales, ni que la justicia andorrana o el tribunal fueran corruptos, pero que su percepción personal es otra muy distinta y esto le genera un problema de conciencia que le impide seguir con la defensa de sus clientes, en esta y en el resto de causas relacionadas con el caso BPA.
También ha añadido, que por problemas de salud, y tras verse afectado por el coronavirus, no tiene la fortaleza necesaria para llevar a cabo sus funciones como letrado de la defensa. También ha criticado las amenazas que ha estado recibiendo del sistema judicial andorrano y el trato recibido por parte de los medios de comunicación del principado pirenaico.
Tras estas sorprendentes declaraciones, el Tribunal de Corts ha aceptado la renuncia del letrado y ha emplazado a los afectados a encontrar un nuevo abogado en un plazo de 10 días. De no hacerlo, se les asignaría uno de oficio. Tras esta preceptiva suspensión, fuentes cercanas al caso entienden que se abrirá un nuevo periodo de cese temporal para que los nuevos letrados puedan familiarizarse con esta causa tan extensa y consigan, de este modo, garantizar el derecho de defensa de los acusados afectados por esta decisión in extremis.
