El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los actores, Ana Duato e Imanol Arias, por varios delitos contra la Hacienda Pública, en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.
Juanto a Duato y Arias se sentarán en el banquillo una treintena de personas, incluido uno de los productores de la serie 'Cuéntamé como pasó', Miguel Ángel Bernardeu, y la hermana del actor, Ana Isabel Arias, por haber evadido impuestos, presuntamente, gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado —que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento— pide similares penas: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.
Fianzas millonarias
En el auto de apertura de juicio oral, el juez impone a Duato una fianza solidaria, junto con otros tres acusados, de más de 2,5 millones de euros por el IRPF defraudado durante el período 2010-2017, excepto 2013.
En cuanto a Arias, el magistrado le impone también fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo más de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los años 2010 y 2015.
El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».
El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho, Fernando Peña.
Más de 200 empresas
Según Anticorrupción, Peña, «con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba» bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades —más de 200— eran empleadas «tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas» investigadas en la causa.
Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas», considera el Ministerio Público.
Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y su finalidad, en la mayor parte de los casos, era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.
No tributaban
Para Imanol Arias, Nummaria habría creado una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. De acuerdo con el escrito de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros.
Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.
Por su parte, según el escrito de Fiscalía, Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.
En cuanto al 'cerebro' del entramado, Fernando Peña, habría defraudado 15,7 millones de euros, y la Fiscalía le acusa de 68 delitos por los que se le piden 298 años y 9 meses de prisión. Entre esos delitos se haya el de organización criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública.
