La autora confesa de la muerte del niño de ocho años, Gabriel Cruz, acaecida el 27 de febrero de 2018 en Mijas (Almería), Ana Julia Quezada, declara este martes ante el jurado, un día después de lo previsto en el calendario de sesiones.
Los escritos de acusación y defensa, y las exposiciones iniciales de las partes personadas en la causa, han acabado sobre las las 14:00 horas, demasiado tarde, a criterio de la magistrada, para que Quezada completase este lunes su declaración.
La acusación, muy dura
Tanto Fiscalía como acusación particular, ponen en duda la versión de Quezada sobre el hecho de que se trató de un accidente y consideran que fue algo premeditado.
En este sentido, la fiscal mantiene que la acusada actuó "con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida".
Por su parte, el abogado de la acusación particular sostiene que, dehaberse tratado de un accidente, Quezada tuvo aproximadamente una hora para llamar a los servicios de emergencias, pero no lo hizo.
Pero el abogado de la autora confesa, defiende la tesis del accidente ya que, "si todo estaba planeado", como aseguran Fiscalía y acusación particular, el resultado fue "una chapuza enorme".
Los hechos
Gabriel Cruz desapareció la tarde del 27 de febrero de 2018 cuando iba de casa de su abuela a la de unos primos, cuya distancia es de unos escasos 100 metros. Fue 12 largos días después, cuando la Guardia Civil detuvo a la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, cuando llevaba el cadáver del niño en el maletero de su coche.
Se da la circunstancia que Quezada, que confesó el crimen dos días más tarde, había participado activamente en las labores de búsqueda del niño cuando se supone que le había causado la muerte y lo había enterrado en una finca familiar, el mismo día de su desaparición.
La pena
Quezada se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, por un delito de asesinato, así como a diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor.
La Fiscalía también solicita el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor —en la que participaron más de 5.000 efectivos entre profesionales y voluntarios— y, además, en concepto de reparación del daño moral, reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por los gastos médicos en conceptos de lesiones psíquicas y secuelas.
La Fiscalía también solicita que Quezada no pueda comunicarse o aproximarse a menos de un kilómetro de los padres durante treinta años.
