El Tribunal de Corts lo componen seis jueces. Tres de ellos, los magistrados Enric Anglada, Concepció Barón Mora y Jacques Richiardi constituirán el tribunal que ha de juzgar a los 25 directivos o trabajadores del BPA acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales en lo que se conoce como causa principal contra la entidad financiera.
Ese será el Tribunal por eliminación. Por imperativo legal. La sala se tiene que componer de tres jueces y son los únicos disponibles. El magistrado Josep María Pijuan, que hasta ahora era el presidente de la sala, ha sido recusado y las jueces Canólic Mingorance y Anna Estargués están contaminadas por haber participado en la fase de instrucción de la causa.
Si uno de los tres magistrados hoy por hoy aptos para el juicio fuera recusado de forma sobrevenida o expedientado o simplemente sufriera algún percance de causa mayor (enfermedad o similar), el juicio no se podría celebrar.
Las leyes procesales andorranas no contemplan el traslado temporal de jueces del Tribual Superior o de los juzgados de instrucción en comisión de servicios ante esa posible eventualidad.
¿Estrategias dilatorias?
Así, el juicio más importante contra la estructura BPA, el caso que está íntimamente relacionado con la intervención de la entidad por parte del gobierno que preside Toni Martí, depende de que estos tres magistrados estén en disposición legal y personal de afrontarlo.
De no ser así, el gobierno tendría que plantear una reforma legislativa exprés que debería ser aprobada por el parlamento cara a propiciar el trasvase temporal de jueces de un órgano jurisdiccional a otro para de este modo completar la terna que formalmente ha de presidir el juicio.
Esa eventualidad supondría, como poco, una nueva dilación en el inicio de la vista oral. En última consecuencia, las defensas estarían en su derecho, llegado el caso, para esgrimir dichas dilaciones procesales como motivo para cuestionar la celebración de la vista.
De hecho las fuentes de la acusación consultadas por eltaquigrafgo.com, sugieren, apuntan y sospechan aunque con la boca pequeña que, en el fondo esta es la estrategia de un sector de las defensas del caso BPA. De entrada, dicen estas fuentes, una dilación, es decir, alargar esta fase procesal, significa incrementar las minutas de los letrados.
Y aun no está dicho todo…
El hombre clave en este complicado asunto es el letrado andorrano Josep Anton Silvestre, que en nombre de sus defendidos, los trabajadores de BPA, Pablo Laplana, Xavier Mayol, Antoni Rivero y Josep Lluís Rivero, ha conseguido por el momento la recusación del presidente de la sala, el magistrado Josep María Pijuan.
A todo esto, es previsible que dicho letrado, que también demandó por la vía civil a los tres jueces que inicialmente componían el tribunal, (incluido al nuevo presidente de la sala, Enric Anglada) recurra la decisión de inadmitir dichas demandas.
Si los eventuales recursos fructificasen, la inhabilitación de los magistrados provocaría ese bloqueo legal que, en opinión de fuente próximas a las acusaciones, desembocaría en una “degeneración” procesal de la causa que sólo beneficiaría a los procesados.
