El TSJ de Madrid ha levantado la paralización de la comisión rogatoria cursada por las autoridades de Andorra y da luz verde para que se investigue la presunta implicación de Mariano Rajoy en las presiones a BPA en el marco de la “operación Catalunya”
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da luz verde para que la jueza andorrana, Sthèpanie Garcia, investigue a Mariano Rajoy, y a otros exministros de su gobierno, por su presunta implicación en la causa abierta sobre la “operación Catalunya” y, en consecuencia, “caso BPA”.
De este modo, el tribunal madrileño ha rechazado la petición de Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria solicitada por las autoridades andorranas, después de que el expresidente del Gobierno interpusiese un recurso para frenar el proceso.
Rajoy no ha motiva suficiente su recurso
En el auto, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal indica que el recurrente (Rajoy) "se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes", por lo que "resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido". Es decir, a las medidas cautelares solicitadas por el expresidente a dispensas de conocer el resultado del recurso de alzada en el que requirió frenar la investigación andorrana por que le ocasionaría "daños de difícil reparación”.
Andorra quiere saber si se presionó a BPA
Así pues, con esta resolución, la juez andorrana tiene vía libre para comunicar a Mariano Rajoy su imputación. En concreto, lo que la justicia andorrana pretende esclarecer es si hubo presiones por parte del Ejecutivo de Rajoy para acceder de forma ilícita a información bancaria del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de sus familiares.
Una estrategia que se habría enmarcado en las artimañas de la conocida “operación Catalunya”, para acabar con el movimiento independentista, y que habrían provocado el inicio del “caso BPA”, la intervención del banco por presunto blanqueo de capitales.
A partir de una querella presentada hace años
La causa se abrió el pasado mes de julio, después de que la Batlle Sthèpanie Garcia decidiera tirar hacia delante una querella presentada hace años por el Institut de Drets Humans d’Andorra y del propio Higini Cierco, expresidente del BPA, por la dicha “operación Catalunya”. A raíz de esta querella, la jueza andorrana decidió imputar al expresidente del Gobierno y a dos de sus exministros, Jorge Fernández Días y Cristóbal Montoro.
Las filtraciones fueron el detonante
Sin embargo, toda una serie de filtraciones publicadas por los medios de comunicación españoles demostrarían la existencia de un plan -- la “operación Catalunya” -- para acabar con el movimiento independentista y que salpicó a la Banca Privada d’Andorra (BPA).
De este modo, y siempre según las múltiples informaciones aparecidas en los medios, en especial en El Món, el Gobierno popular de Mariano Rajoy, apoyado por la ‘policía patriótica’, cocinó durante meses toda una serie de oscuras estrategias para acabar con la reputación de los líderes secesionistas a costa de dañar a terceros, como parece que ha sido el caso de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Entidad financiera donde, según los excomisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, los Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras guardaban su dinero sucio y corrupto.
“Matar al peón para destapar al rey”
Esta creencia, según otra filtración publicada por Fuentes Informadas, conllevó que los ‘instructores’ de la “operación Catalunya” diseñaran un plan para sacrificar al banco y así obtener la información que deseaban. Según la misma filtración, sus mentiras y estrategias forzaron en marzo de 2015 la nota del FinCEN – el organismo antiblanqueo del Tesoro de los Estados Unidos -.
Este informe, que años después la propia entidad norteamericana desechó por falta de pruebas, provocó de forma fulminante la intervención de BPA y la posterior acusación por blanqueo. Una acusación que siguen arrastrando a día de hoy, con el juicio que ha sentado a 24 extrabajadores del banco en el banquillo de los acusados, en una causa que la justicia española, en relación con la filial de BPA en Madrid, ya cerró, absolviendo a todos los empleados.