El Ex juez Baltasar Garzón solicitó su reingreso inmediato en su plaza como juez instructor de la Audiencia Nacional una vez hecho público el dictamen del Comité De Derechos humanos de la ONU, que el pasado 25 de agosto dio la razón al jurista. A partir de ese momento, el Gobierno tenía 180 días para pronunciarse sobre su restitución como juez, y ese plazo expira el próximo 25 de febrero.
Garzón no aceptará otro destino
“No contemplo otro escenario que no sea la aceptación de mi solicitud por parte del gobierno y mi restitución inmediata en mi puesto como juez instructor en la Audiencia Nacional”, ha expresado el propio Garzón en declaraciones exclusivas a este medio.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU envió al gobierno de España su dictamen en el que concluía que el Tribunal Supremo vulneró los derechos fundamentales del ex juez, concretamente, el derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por delito de prevaricación, al ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, por lo que acordaba que España debía compensar al exmagistrado por el daño causado
Según el informe de la ONU, Garzón “no tuvo "acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo (por el que fue absuelto) y Gürtel, por lo que ha acordado que España compense al exmagistrado por el daño causado. “.
El Gobierno tiene que justificar qué hará
Según el funcionamiento del organismo, del que España es parte, el Gobierno tiene seis meses para acreditar que medidas ha tomado para resarcir al ex magistrado por el daño causado y resolver su petición de ingreso. Antes debe recibir un informe del Consejo General del Poder Judicial que contenga una propuesta de mediadas, así como un criterio a favor o no del reingreso de Garzón a su puesto anterior, informe preceptivo, pero no vinculante. Y todo ello en menos de un mes, con fecha límite del 25 de febrero.
Posible batalla judicial
“Si no me reingresan en mi puesto en la Audiencia Nacional, plantearé las acciones legales pertinentes”, ha declarado Baltasar Garzón a eltaquigrafo.com, cuando se le ha preguntado si cabía la posibilidad de que se le plantease un reingreso a la carrera judicial, pero en otro juzgado de mucha menor importancia que la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el propio Tribunal Supremo ya se pronunció una vez se hizo público el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ON, en el sentido de que, para el alto tribunal ese documento no sería equiparable a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humano, y por tanto, no tendría porqué tener efectos jurídicos en España de manera obligatoria.
Sin embargo, España está sometida a las reglas de funcionamiento de la ONU y sus organismos, como miembro de pleno derecho de la mismas. Por eso ahora la pelota esta en el tejado del Gobierno que debe decidir sobre el futuro del ex magistrado antes del 25 de febrero.
