Asociaciones de lucha y denuncia contra los bebés robados en España presentan hoy, ante la Fiscalía General del Estado, una macro denuncia con el fin de que se condene al Estado por unos delitos de lesa humidad de género, contra las madres que fueron víctimas del robo de sus recién nacidos. Como ha ido publicando eltaquigrafo.com a lo largo de los últimos meses, cientos de mujeres de todo el país llevan años recabando información suficiente como para demostrar que en los supuestos fallecimientos de sus bebés hubo irregularidades: nichos vacíos, certificados falsificados, sin registro de aborto contemplado…
Y es que, durante décadas y, como se ha podido documentar, hasta bien entrados los años 90, un elevado y aún indeterminado número de bebés fueron separados de los brazos de sus madres, siendo presumiblemente entregados a otras familias, normalmente más adineradas, al margen de todo proceso legal de adopción y con el nulo consentimiento de los padres biológicos.
Se añaden los delitos de género y tortura
Hasta la fecha se han interpuesto decenas de denuncias, la mayoría de ellas sin efecto, pues las autoridades judiciales, prevenidas por la misma Fiscalía General, argumentan que se trata de delitos ya prescritos. Sin embargo, y aunque desde las asociaciones se asegura en que este delito no empieza a contabilizarse hasta que el individuo afectado no es conocedor de su realidad, de que es un niño robado; para esta ocasión las madres, hartas de ser silenciadas, han emprendido una nueva estrategia: enfocar la denuncia en su persona y no, en la de su hijo robado.
Es por eso, por lo que, en esta ocasión, y a diferencia de las denuncias anteriores, se añaden delitos de lesa humanidad de torturas y de género contra las madres. Delitos que habrían sido cometidos por el Estado al no proteger a esas mujeres, víctimas sistemáticas del delito de desaparición forzada infantil de sus hijos e hijas, argumentando que las madres que dan a luz son las víctimas primarias del delito perpetrado. Desde las asociaciones denunciantes se entiende que realmente sobre quién se ejerce una violencia estricta, es sobre la mujer que pare y se le arrebata su criatura, “provocando daños morales y psicológicos irreparables, en un momento de absoluta vulnerabilidad que pueden suponer, incluso, una tortura para quien ha perdido a su hijo o hija”.
Además, es la primera vez que se interpone una denuncia por un presunto delito de género perpetrado por el estado, que viene a ser un delito de odio contra las mujeres, según el convenio de Estambul y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por todo ello, estas mujeres reclaman…
Apoyadas por un potente gabinete jurídico, que ha contado con la participación de la abogada feminista y especializada en Derechos Humanos, Núria González, la abogada Meritxell Cabezón y algunos miembros del gabinete técnico de la Fundación Baltasar Garzón (FIBGAR), las distintas partes denunciantes reclaman: por un lado, que se investiguen las circunstancias de los hechos padecidos por las víctimas mediante una unidad especializada en el robo de bebés, creada a tal efecto.
Y, por otro lado, que se identifiquen a las personas que fueron sustraídas de los brazos de sus madres y se medie para producir los reencuentros entre madre e hijos, así como la identificación de aquellas personas o instituciones que participaron en los hechos.
Las historias tras la denuncia
Este medio ha podido hablar con varias de las madres que se querellan como víctimas de este presunto entramado delictivo y todas ellas, encabezadas por María Bueno, miembro fundador, portavoz y coordinadora general de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te Estamos Buscando” y presidenta de la Asociación “ALUMBRA - Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía, aseguran estar “muy decepcionadas con la justicia”.
María Bueno y tantas otras madres, padres, hermanos y hermanas de los que fueron sustraídos llevan años investigando por su cuenta ante los nulos resultados judiciales obtenidos en España. Cientos de familias pueden acreditar que sus bebés desaparecieron y están dispuestas a llegar hasta el final, para hacer justicia. De hecho, la macro denuncia incluye, además del delito de género, las historias particulares y los documentos que acreditan la mala praxis en sus casos. Y como albergan pocas esperanzas en la justicia española, pretenden que esta vez la macro denuncia supere todos los peldaños de la administración judicial estatal y pueda terminar el Tribunal Europeo.
El preámbulo de la ley de amnistía y otras incoherencias
Estas madres consideran que son madres olvidadas. Además, según explicaba María Bueno, han luchado y luchan a diario para formar parte de las leyes de memoria histórica de las distintas comunidades autónomas, así como, para cambiar la prescripción de un delito que no debería prescribir jamás, y mucho menos pasados 15 años desde que los bebés ilegalmente adoptados cumplen la mayoría de edad, pues muchos de ellos se enteran mucho más tarde o, incluso, mueren sin saber que son bebés robados.
Pero si algo les llama la atención, tanto a las víctimas, como al gabinete jurídico que las asesora, es el preámbulo de la ley de Amnistía de 1987, donde se puede leer que dicha ley se ha sometido a modificaciones para “evitar el odioso tráfico de bebés”. Esta afirmación demuestra, al parecer de los juristas, que esta era una realidad que pasó las fronteras de la dictadura, que era una realidad sabida y conocida por los altos cargos y que, aun así, nunca se abrió una investigación al respecto.
Por eso apelan a un delito de lesa humanidad
Y precisamente por eso, porque entienden que era una realidad sabida y que nadie se dignó (ni se ha dignado) a investigarla debidamente – al margen de las víctimas, por supuesto -, reclaman que ahora se dé la cara por ello y que, además de reconocer un delito de robo, más que evidente y con pruebas documentales que así lo certifican, se reconozcan otros delitos como el de género – al entender que se ejerce una violencia y menosprecio extremo a la mujer que pare y solo las mujeres pueden parir -, así como de tortura – por el engaño, el trauma que supone creer que tu hijo a muerto y descubrir que eso no es así -, y de lesa humanidad, al tratarse de una práctica que se inició en 1936 por la Guerra Civil Española y haber casos registrados a finales de los 80 principios de los 90.
