Más de una cincuentena de familias de todo el país aunaron fuerzas y decidieron denunciar al unísono el que se conoce como delito de Desaparición Forzada Infantil, popularmente el robo de bebés. Así fue como, 56 familias, madres en su mayoría, interpusieron el pasado mes de noviembre una macro querella ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen unos delitos de lesa humidad de género, contra las madres que fueron víctimas del robo de sus recién nacidos.
A estas familias se les han sumado esta semana otras 21 que, al igual que el resto, piden al Estado que responda ante los presuntos delitos de lesa humanidad de torturas y de género contra las madres víctimas de esta trama. Delitos que habrían sido cometidos por el Estado al no proteger a esas mujeres, víctimas sistemáticas del delito de desaparición forzada infantil de sus hijos e hijas, argumentando que las madres que dan a luz son las víctimas primarias del delito perpetrado.
Delitos de lesa humanidad de tortura y género
Como ha ido publicando eltaquigrafo.com a lo largo de los últimos meses, cientos de mujeres de todo el país llevan años recabando información suficiente como para demostrar que en los supuestos fallecimientos de sus bebés hubo irregularidades: nichos vacíos, certificados falsificados, sin registro de aborto contemplado…
Y es que, durante décadas y, como se ha podido documentar, hasta bien entrados los años 90, un elevado y aún indeterminado número de bebés fueron separados de los brazos de sus madres, siendo presumiblemente entregados a otras familias, normalmente más adineradas, al margen de todo proceso legal de adopción y con el nulo consentimiento de los padres biológicos.
Es en este sentido, desde las asociaciones denunciantes se entiende que realmente sobre quién se ejerce una violencia estricta, es sobre la mujer que pare y se le arrebata su criatura, “provocando daños morales y psicológicos irreparables, en un momento de absoluta vulnerabilidad que pueden suponer, incluso, una tortura para quien ha perdido a su hijo o hija”.
Siguen trabajando en nuevas denuncias
Rodrigo Lledó, director de FIBGAR, Fundación que ha acompañado a las denunciantes con el asesoramiento jurídico, ha señalado que siguen trabajando en nuevas denuncias, con lo que se pretende colaborar con la Fiscalía General del Estado en la búsqueda de la verdad sobre miles de casos de desaparición forzada de recién nacidos, niñas y niños, todos ellos ocurridos durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia, añadiendo que las madres tienen derecho a saber la verdad y que las personas sustraídas o dadas en adopción irregular tienen derecho a conocer su identidad biológica, siendo este un derecho que no prescribe según el derecho internacional. Esta noticia llega, de forma simbólica, la víspera del “Día Internacional por el Derecho a la Verdad” que se conmemora anualmente el día 24 de marzo.
