Este miércoles ha arrancado en la Audiencia Provincial de Barcelona las primeras sesiones del controvertido ‘caso Macedonia’. El que en 2010 parecía que iba a ser el gran caso de investigación contra la corrupción policial en Catalunya; se ha ido desinflando con el paso de los años hasta reducirse a una presunta trama local de corrupción y narcotráfico.
De las decenas de mossos, policías nacionales y guardias civiles que fueron investigados, el único agente que permanece en esta condición – en una causa en la que se quiso imputar a caras muy conocidas del ámbito policial como al mayor Josep Lluís Trapero o al teniente coronel Daniel Baena – es un subinspector de los Mossos d’Esquadra, al que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por ayudar presuntamente a una banda de narcotraficantes.
Mordida en forma de caja de donuts
Concretamente, la fiscal Ana Gil mantiene que el subinspector colaboró con una red de narcotraficantes filtrando datos confidenciales sobre las investigaciones en curso, lo que frustró varias operaciones antidroga.
Según el escrito de acusación de la fiscal, el agente imputado jugaba un papel fundamental en todo este presunto entramado, al interceder, favorecer y ayudar a los acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a cambio de mordidas. Según la fiscal los narcos le habrían abonado 1.000 euros al mes, sin embargo, el único intercambio que se ha podido constatar ha sido una caja de donuts… Por estos hechos, el Ministerio Fiscal lo acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y revelación de secretos.
El confidente y presunto narcotraficante
El principal contacto del subinspector, según siempre la versión de la Fiscalía, era el supuesto cabecilla de la banda, Manuel Gutiérrez Carbajo, a su vez, un conocido confidente de los Mossos y la policía. A él también le piden 11 años de prisión por liderar un presunto entramado criminal que manejaba el tráfico de droga en el Baix Llobregat, el Garraf y el Penedès.
La ganancias que según el Ministerio Fiscal obtuvo de esta actividad criminal ascenderían a los 2,4 millones de euros. Lo que hacía Carbajo, según el Ministerio Público, era financiar la adquisición de la droga, para que otros miembros del presunto entramado la preparasen y la distribuyesen. Su poder provenía, precisamente, de su condición de confidente de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
Primero cayó la Guardia Civil
El subinspector en cuestión fue detenido en octubre del 2010, en el marco de la operación Macedonia que dirigió el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el mismo de la “operación Volhov”. Sin embargo, la detención de éste y otros cuatro agentes más de los Mossos d’Esquadra no fue el primer paso que dio el instructor. Meses antes, Aguirre investigó a dos guardias civiles – que quedaron absueltos – por haber redactado erróneamente, en un atestado policial, el alijo incautado en un operativo antidroga.
A su parecer, los agentes habían introducido una cantidad inferior a la real para poder apropiarse una parte. Más tarde se constató que el cargamento realmente iba repleto en su mayoría de bolsas de azúcar y yeso y que la cantidad aprehendida fue ínfima.
Luego fueron los Mossos
La unidad de los Mossos que llevó a cabo la investigación de esta primera rama de Macedonia terminó imputada en 2011 por presuntamente haber ocultado al juez la identidad del confidente Manuel G.C. No obstante, en 2019 el juez Aguirre se vio obligado a archivar esta ramificación del caso por falta de acusación y pruebas. Sin embargo, el juez mantuvo la condición de investigado al subinspector, a quien sitúa como ayudante necesario ante detenciones y sanciones de tráfico y “chivato” de datos confidenciales.
