El juez de instrucción, número 1, de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha sustentado las enrevesadas investigaciones del caso Macedonia, en base un artículo del Código Penal que no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos.
Se trata del delito de «organización criminal», que entró en vigor tres meses después de que el juez ordenase las primeras detenciones en este supuesto caso de narcotráfico y corrupción policial.
Recurso clave
Así consta en un recurso presentado por el letrado de una de las personas imputadas. Este abogado pide la nulidad de actuaciones a causa del grave despiste del magistrado, ya que las leyes procesales españolas impiden la investigación o imputación de una persona por un delito que no esté en vigor en el momento de los hechos.
Las diligencias judiciales fundamentadas a partir de este delito (art. 570), se iniciaron en junio de 2010 (órdenes de intervención judicial y, en octubre, detenciones). El mencionado artículo fruto de la reforma del Código Penal de ese año 2010, estaba por entonces aprobado pero no entró oficialmente en vigor hasta el mes de diciembre de 2010.
Error, indefensión y nulidad
El juez recibió hace meses dicho recurso, en el que el abogado esgrime indefensión de su cliente y contaminación de toda la causa, pero no consta que se haya dado traslado del mismo ni ha respondido siquiera.
Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal también cita e invoca expresamente este delito (lo hace el juez en el auto de conclusión de la causa) en su escrito de calificación provisional de los hechos.
Patinazo judicial
Fuentes jurídicas conocedoras del debate alrededor del mencionado tipo delictivo de «organización criminal» en 2010 hablan de aparente «grave resbalón del juez y del fiscal», que quizá provoque la nulidad de un caso que lleva arrastrándose por el juzgado, número 1, de Barcelona, durante 12 largos años y que, dicen, se deshace como un azucarillo cuanto más tiempo pasa.
