El letrado Antonio Escusa, uno de los abogados defensores del juicio por el ‘caso Macedonia’, ha alzado la voz y ha exigido públicamente la “nulidad de autos”. El penalista, como sus homólogos, ha denunciado “la indefensión absoluta, la falta de garantías procesales y la vulneración de derechos fundamentales” que han sobrevolado esta causa desde el inicio de la instrucción, dirigida por el controvertido juez Joaquín Aguirre.
Los letrados que defienden a cada uno de los 17 acusados, entre los que se encuentra un subinspector de los Mossos y un excolaborador policial -Manuel G. Carbajo- consideran, además, que la Providencia con la que el juez Aguirre abrió la pieza 2923/2009-B –que corresponde al ‘caso Macedonia’- “no habilitaba la apertura de las Diligencias Previas que han dado lugar a esta eterna macro causa”. Entienden que no se procedió bajo el procedimiento judicial establecido por ley.
“Acusados de delitos que no existían
También se recordó durante las cuestiones previas que el juez Aguirre imputó a los acusados de asociación ilícita para cometer “delitos contra la salud pública” y, según manifiesta Escusa: “las defensas dejaron absolutamente claro que el delito de asociación ilícita del art. 515 y siguientes del Código Penal no eran de aplicación y, el delito contra la salud pública no existe como tal”. Vulnerando, de este modo, matiza el letrado en un comunicado al que ha tenido accesos eltaquigrafo.com, “el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 7.1 del Convenio Europeo de Derechos humanos, el artículo 25 de la Constitución Española, y el Artículo 2 de nuestro Código Penal (“no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración”).
Presuntas detenciones ilegales
Por otro lado, siguiendo con las denuncias que ha plasmado Antonio Escusa en su comunicado, a tenor de lo que ya se comentó durante las dos jornadas destinadas a las cuestiones previas del juicio por el ‘caso Macedonia’; Aguirre, sin contar con nadie, también dictó un auto ampliando la detención de los imputados una vez agotado el plazo máximo de 72 horas, por otras 48 horas.
Motivó dicha decisión al considerar que tanto los detenidos como él estaban muy cansados, incurriendo, de este modo, en presuntas detenciones ilegales, Y es que, el juez mantuvo, todavía entonces, “la causa bajo secreta y dictó detenciones incomunicadas”. Para más inri, una vez puestos a su disposición (como aclaró uno de los letrados defensores durante la vista oral) “en lugar de acodar las dos únicas medidas que puede, libertad o prisión provisional, devolvió a algunos de los afectados a los calabozos de comisaría, mientras pensaba que hacer con ellos”, matiza Escusa.
Más irregularidades…
Además, denuncia el abogado, “de las múltiples vulneraciones graves, la más llamativa de todas fue que en el auto de apertura de juicio oral y en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, tras 9 años, sorpresivamente se imputaron delitos en general para todos los acusados. Concretamente, por organización y grupo criminales para cometer delitos de tráfico de drogas entre otros… Delitos que no entraron en vigor hasta 2 meses después de haber sido detenidos y cesados de cualquier presunta actividad criminal”.
Con todo, para dotar a este procedimiento de más emoción, esta redacción publicaba en exclusiva que durante la primera sesión del juicio un temido narcotraficante – J. Momplert- se coló en la Audiencia para amenazar de muerte a uno de los imputados. Incidente que el afectado denunció ante los Mossos, solicitando a el tribunal protección para él y su familia. Incidente que también recoge Escusa en su comunicado al que ha tenido acceso exclusivo esta redacción.
El turno de la fiscal y la resolución final
Ya en el cierre de las cuestiones previas, apunta Escusa, “el último turno fue para la Fiscal, que sorprendió a las defensas, por cuanto, el Ministerio Fiscal tiene como una de sus principales funciones la de velar por la legalidad y por el cumplimiento de las garantías procesales, haciendo en su atropellada exposición, todo lo contrario”. “La representante de la Fiscalía quiso mantener la acusación de grupo u organización criminal, que a todas luces sabe de sobra no puede mantener porque no existían cuando culminaron los hechos”, lamenta el letrado en última instancia.
“Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia tendrá que decidir sobre las cuestiones previas, pero ciertamente tienen ante sí un caso que pone en jaque una vez más a esa Audiencia, por cuanto como dijo algún letrado, las irregularidades y vulneraciones de derechos son tan grandes y notorias que finalmente si no se resuelven conforme a derecho, la Justicia Europea como el Tribunal de Derechos Humanos volverán una vez más a dejar en evidencia a nuestros tribunales, porque todo lo denunciado incurre en infracciones recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos” concluye.
