Hace 13 años, el juez titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, abrió una investigación contra 16 agentes de la Comandancia de Barcelona de la Guardia Civil. El magistrado estaba convencido de que los investigadores de la Benemérita se habían quedado con 28 paquetes de cocaína que habían pillado a un camello de la zona sur de Barcelona y los habían cambiado por otros llenos de azúcar y yeso.
Creyó que colaboraban con un presunto entramado criminal, liderado por un supuesto narcotráfico asentado en Castelldefels, Manuel Gutiérrez Carbajo. En realidad, como ha quedado demostrado tras el juicio, un viejo colaborador policial que había ayudado a distintos cuerpos policiales a resolver varias causas relacionadas con el tráfico de cocaína en la zona sur de Barcelona.
La Guardia Civil se desmarcó y el juez pidió ayuda a los Mossos
Asuntos Internos de la Guardia Civil no lo vio claro y, tras unos meses investigando a sus agentes por orden del juez Aguirre, finalmente se desvinculó de la causa. Aguirre poco contento con el devenir de los acontecimientos pidió ayuda entonces a los Mossos d’Esquadra. Concretamente requirió la participación de la Unidad Anticorrupción que dirigía entonces Josep Lluís Trapero, y su segundo el inspector Toni Salleras, para que investigasen a los compañeros de la Benemérita y al supuesto confidente policial que, en el pasado, también ayudó a Trapero en la causa de los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels.
Tras varios enfrentamientos entre Trapero, Salleras y el juez Aguirre, que tampoco veían claros los indicios criminales de los 16 agentes de la Guardia Civil, el instructor, finalmente decidió apartarlos de la investigación y, es más, acusó al inspector Salleras de colaborar con la Benemérita y proteger a los presuntos narcos implicado en la causa.
Los bandazos del juez instructor
Con todo, antes de apartar a los Mossos y de forma paralela a su investigación, Aguirre, insatisfecho con el resultado, recurrió de nuevo al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que investigase a los Mossos y al presunto entramado criminal liderado por Gutiérrez Carbajo. Los agentes del Instituto Armado llegaron a la conclusión de que dos agentes de la policía catalana ubicados en la comisaria de Vilanova y la Geltrú mantenían algún tipo de relación con algunos de los presuntos narcos implicados en la investigación inicial.
No obstante, no pudieron determinar qué tipo de contactos establecían, pero fue el gancho que el juez utilizó para encargar la investigación a la División de Investigación Interna (DAI) de los Mossos y apartar a Trapero y a los suyos del caso. Algo con lo que, el magistrado, llevaba tiempo obsesionado.
“Me insistió en varias ocasiones sobre su voluntad de que la DAI de los Mossos entrara a formar parte de la investigación. Yo ya le expliqué que no podía ser, pues por protocolo interno sólo pueden actuar cuando hay algún agente del cuerpo implicado”, recordó Trapero en el transcurso del juicio oral. Finalmente, cuando esta unidad investigadora “partió peras” con el instructor, la DAI entró para liderar el caso. Y, a raíz del escueto informe del servicio homólogo de la Guardia Civil, se empezó a investigar a dos agentes ubicados en Vilanova y la Geltrú (Barcelona).
El juez se obsesionó con la causa
Y así empezaba el ‘caso Macedonia’. Con un presunto narcotraficante pillado in fraganti con varios kilos de coca, con 16 guardia civiles investigados por presunta corrupción policial y con varios Mossos implicados también por querer proteger a los líderes del mismo entramado. El juez se obsesionó, quiso creer que estaba ante un gran caso de corrupción policial que ha terminado literalmente en nada.
Todos los agentes implicados, tanto de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra e, incluso, la Policía Nacional quedaron absueltos por el camino. Todos menos uno: el subinspector José Ranea, de la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Un policía de calle, que había colaborado en varias ocasiones con el confidente Manuel Gutiérrez Carbajo y que se vio envuelto en esta esta trama judicial que casi le cuesta la salud y la vida.
La sentencia desmonta toda la instrucción
Sin embargo, la pólvora del caso se volvió azúcar y la investigación fue perdiendo combustión con el paso de los años. Una instrucción plagada de irregularidades que las defensas se encargaron de exponer en el juicio oral y que la sentencia recoge y desmonta una por una. Una sentencia absolutoria para los dos principales acusados: el subinspector José Ranea y el confidente Manuel Gutiérrez Carbajo, que han quedado absueltos de todos los delitos de los que se les acusaba. Entre otros, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y cohecho.
El juez creó una trama inexistente
Tal y como expusieron las defensas, en particular la del subinspector Ranea, liderada por el letrado José María Fuster-Fabra, el juez, motivado por las diligencias de la DAI, acusó al subinspector de recibir un sueldo por parte de los presuntos narcotraficantes a cambio de información confidencial. Retribución de la que no hay constancia y que la investigación, como se plasma en la sentencia, confundió con un dinero que José Ranea heredó de su madre.
Además, ha quedado probado, como insistía el abogado Fuster-Fabra, que la DAI habrían desechado más de 200 conversaciones telefónicas que afectaban directamente al beneficio de José Ranea “por que no se ajustaban a su línea de investigación”. De este modo, la División de Asuntos Internos de los Mossos alimentó las hipótesis del juez haciendo una investigación parcial y condicionada de los hechos.
La sentencia anula muchas de las diligencias
Este viernes, sin embargo, con la absolución de los dos principales acusados, se desmontan todas las teorías del juez Aguirre y, es más, se anulan muchas de las diligencias que se practicaron durante los 13 años de instrucción al considerarse improcedentes. En este sentido, el fallo ha considerado ilegales y declara nulos muchos de los autos firmados por el juez instructor.
Con todo, con esta sentencia se pone fin a una instrucción muy larga que solo ha condenado a penas de entre año y medio y dos años de prisión a cinco de la casi veintena de acusados por un delito contra la salud pública. En cuanto al resto, se les devuelven los bienes embargados y quedan automáticamente suspendidas las medidas cautelares que se hubieran impuesto a todos los ahora absueltos.
