Esta semana los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, sentenciaron a Joaquín Benítez, exprofesor de educación física del colegio los Maristas de Sants-Les Corts, a 21 años y 9 meses de prisión por abusar sexualmente de 4 exalumnos menores de edad, dos de los cuales fueron reconocidos por el propio acusado.
Y, aunque la acusación celebró la decisión tomada por el tribunal, expusieron ante los medios de comunicación su deseo de que Benítez entrara a prisión cuanto antes. Al no ser sentencia firme, el acusado podría gozar de cierto margen de libertad hasta que ésta resultase definitiva, siempre y cuando ninguna de las partes acusatorias propusiera una vista de ejecución provisional (vistilla).
En esta vista se propondría, ante todas las partes implicadas, el adelantamiento de las medidas cautelares y, por lo tanto, el adelantamiento de la ejecución de la condena.
Solicitar una vistilla podría adelantar la pena
En este sentido, la Fiscalía ya ha pedido a los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona que convoquen una vista para enviar a prisión al exprofesor Joaquín Benítez. Al igual que también han propuesto las acusaciones ejercidas por las víctimas del pederasta confeso.
Y aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) valoran que “el acusado no ha vulnerado ninguna de las medidas cautelares que recaen sobre él y, por lo tanto, no se considera un caso de riesgo ni por reiteración de los hechos delictivos ni por huir del país”, las acusaciones entienden que las circunstancias del pederasta confeso han cambiado a raíz de la elevada pena que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona, lo que puede haber disparado el riesgo de huida.
La sentencia añade…
Además de los años de prisión por cumplir, los jueces establecen también el pago de una indemnización para las cuatro víctimas de 120.000 euros (60.000, 40.000 y dos de 10.000). El tribunal considera que los Maristas son responsables civiles subsidiarios, al ser titulares del centro donde ocurrieron los hechos y el acusado fue su empleado.
Sin embargo, deberá afrontar el pago de esa cantidad su aseguradora, Generali, como responsable civil directa. A parte de la pena de privación de libertad, Benítez ha sido condenado a 13 años y ocho meses de inhabilitación para ejercicio de la profesión docente y la prohibición de acercarse o comunicarse con sus víctimas.
Los magistrados alegan que no se ha atribuido a los Maristas la "producción voluntaria del daño", sino "una conducta imprudente" por la "falta de control" de las acciones del exprofesor. A su entender, esta situación "entra de lleno" en el contenido de la póliza contratada por la orden religiosa con Generali.
