El juicio del caso máster, en el que la Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por inducción a la falsedad documental, ha llegado a su ecuador. Después de la declaración de la principal imputada, este lunes el juicio se ha reanudado con el relato de otra testigo clave: Amalia Calonge. La funcionaria que en 2014 modificó las notas del máster que cursó la exlíder del PP en 2012, convirtiendo su “no presentado” en un “notable” de la noche a la mañana.
Calonge, que por el momento está suspendida de empleo y sueldo durante un año, ha reconocido en sede judicial que cambió las notas del polémico Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes. Eso sí, lo hizo, ha asegurado, bajo las órdenes de un profesor del estudio de posgrado, Pablo Chico, sin ninguna comprobación "porque no tenía competencias". El catedrático, sin embargo, ha asegurado en su declaración posterior que no se lo pidió.
Asegura que la autorizaron a cambiar las notas
Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia alguna para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha sentenciado.
En cuanto a si estaba autorizada a realizar los cambios en el expediente de Cifuentes, la funcionaria ha explicado que se le tuvo que dar de alta desde el vicerrectorado para poder hacer modificaciones en las notas de los máster antiguos, pues "no es un extremo automático" y se tiene que estar autorizado. Pablo Chico, por su lado, ha acusado a la funcionaria de estar mintiendo y ha asegurado que él nunca le pidió nada.
Documentos que no aparecieron y se falsificaron
Al margen de la trama que tiene que ver con la modificación de la nota, el primer testigo en declarar, el responsable de posgrados y títulos propios de la Universidad Rey Juan Carlos, José Antonio Lobato Moreno, ha asegurado a preguntas de la fiscal que el acta del TFM de Cifuentes "no constaba" cuando saltó el escándalo en marzo de 2018. Ese día, ha dicho, el entonces rector de la universidad pública le pidió todos los documentos que existiesen del máster de Cifuentes, pero entre ellos no encontraron el acta de presentación y entrega del trabajo final.
Este relato coincidiría con la versión ofrecida la semana pasada en sede judicial por la profesora Cecilia Rosado, quien admitió que falsificó el acta del TFM de Cifuentes con la firma de dos profesoras que supuestamente habían participado en el tribunal de evaluación. La profesora narró que se vio obligada a hacerlo tras la presión y las amenazas que recibió tanto por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, y la ex asesora del Gobierno regional, María Teresa Feito.
Cifuentes culpó a la Universidad
La exlíder del PP en Madrid, en su turno, negó haber participado en la falsificación de su acta y aseguró ante el juez que desconocía que era un documento falso. “Actué de buena fe y presumía buena fe por parte de la Universidad” se defendió Cristina Cifuentes señalando a la URJC. “Exhibí el acta en el vídeo porque es una documentación que me envió la universidad, que yo no pedí, pero no me planteé que hubiese una firma falsificada”. La exdirigente del PP se fio de los papeles que le remitieron en 2018 desde la Universidad, porque ella había perdido todos los originales relativos a la matriculación.
