Cristina Cifuentes no sabía que tenía que asistir presencialmente a las clases del máster. “De haberlo sabido, no lo hubiese cursado”, se ha justificado la expresidenta de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que la juzga por la presunta falsificación de su máster en Derecho Autonómico y Local. Tampoco sabía que podía haber pedido una dispensa para realizar sus estudios a distancia. Tampoco conoció o tuvo contacto con ninguno de sus profesores, a excepción de Enrique Álvarez Conde. El catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, que fue uno de los principales imputados del caso y que falleció en 2019.
Precisamente él fue, según la expresidenta del Partido Popular de Madrid, quien le permitió realizar trabajos de las diferentes asignaturas sin necesidad de asistir a clase y de examinarse como el resto del alumnado. Pero ni rastro de las entregas. Aunque confiesa que utiliza mucho el email en su trabajo, casualmente los ejercicios “los mandaba en papel a través de miembros del gabinete o por algún familiar.” Los originales los ha pedido y no guarda ninguna copia.
Nunca sospechó de las presuntas irregularidades
La que también fue delegada del Gobierno en Madrid, precisamente durante los años que debía estar cursando el controvertido máster, ha asegurado a preguntas de la acusación particular, ejercida por la propia Universidad, que ella "no defendió su trabajo de fin de máster" y que tan solo “lo entregó, explicando las líneas generales de su contenido”. Nunca sospechó nada acerca de las presuntas irregularidades que se cometieron en su proceso de evaluación, aunque la “defensa” del trabajo final no se realizó ante un tribunal académico, sino que fue en un despacho de la universidad.
Tampoco lo hizo cuando el escándalo saltó a los medios de comunicación. En un polémico vídeo que ella misma compartió en sus redes sociales y que hoy ha tildado de “desafortunado” la expresidenta enseñó el acta de su TFM en el que figura una firma falsificada. “Actué de buena fe y presumía buena fe por parte de la Universidad” se ha defendido Cristina Cifuentes señalando a la URJC. “Exhibí el acta en el vídeo porque es una documentación que me envía la universidad, que yo no pedí, pero no me planteé que hubiese una firma falsificada”. La exdirigente del PP se fio de los papeles que le remitieron en 2018 desde la Universidad, porque ella había perdido todos los originales relativos a la matriculación.
“Mi vida ha sido muy complicada en los últimos años. He tenido 2 mudanzas de domicilio y 5 de despacho. Me he mudado a domicilios más pequeños y tengo mis pertenencias distribuidas entre trasteros y la casa de un familiar… Esos papeles probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones porque no tenían ningún interés para mí”, se ha excusado. Cifuentes ha lamentado la pérdida de otros trabajos académicos entre los que se encuentran los dos borradores de las tesis doctorales que, sorprendentemente, ya había comenzado años antes de obtener el título del máster el cual daría acceso, siempre posteriormente, a los estudios de Doctorado.
Versiones radicalmente opuestas
A pesar de las múltiples presuntas irregularidades que habían inundado las portadas de todos los medios del país, la expresidenta de la comunidad de Madrid no le dedicó mucho tiempo a esta cuestión. “Estaba preocupada porque hubiese salido un asunto tan turbio en la prensa, pero creía que se iba a poder explicar e iba a quedar en nada” Sin embargo, su versión no coincide con lo que confesó Cecilia Rosado, profesora de la Universidad, ante el mismo Tribunal. Docente a quien, por cierto, Cifuentes ha asegurado no conocer de nada.
La profesora Rosado, acusada de elaborar la falsa acta, narró en sede judicial que, la misma mañana en la que saltó el escándalo, comenzó a recibir un aluvión de llamadas. En ellas se alertaba de que Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster. “Esto hay que arreglarlo, no se puede quedar así” le dijo preocupado Álvarez Conde.
Según el relato de la docente, el catedrático le llegó a dictar, incluso, el título del supuesto máster y tuvo que buscar ella la bibliografía sobre el asunto. Las presiones, sin embargo, no quedaron ahí y, al parecer, la exasesora del Gobierno regional, María Teresa Feito, también la llamó, con amenazas incluidas, para realizar aquello que le pedían. Es decir, falsificar el máster.
