Crimen de Godella: solicitan 50 años para el padre por el doble infanticidio

María Gombau y Gabriel Carvajal | Redes Sociales
photo_camera María Gombau y Gabriel Carvajal | Redes Sociales
Para la madre, María Gombau, que es inimputable debido a la esquizofrenia paranoide que padece, se solicita su internamiento en un centro de tratamiento médico adecuado a su enfermedad mental por un plazo máximo de 25 años.

Un jurado popular juzgará desde este lunes, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, a la pareja de Godella que presuntamente asesinó a sus dos hijos, Amiel, de 3 años, e Ixchel, de 6 meses, en marzo de 2019. 

Gabriel Salvador Carvajal y María Gombau, pareja desde 2011, recalaron en Godella (Valencia) en 2017, después de varios años viajando por Europa. Allí ocuparon de manera ilegal una finca con piscina y una pequeña vivienda, en condiciones deplorables y que la hacía inhabitable, sobre todo, para dos niños de tan corta edad. A pesar del estado semirruinoso de la edificación, la pareja se instaló en el lugar con Amiel. Poco después, nació la pequeña Ixchel.

En paralelo al consumo de drogas psicotrópicas, la pareja comenzó a manifestar creencias místicas-religiosas. Gabriel le trasladó a su pareja la idea de que una secta los perseguía, que abusaban sexualmente de su hijo y que querían secuestrarlo. El estado paranoide llegó a ser tal que María y Gabriel empezaron a hacer guardia, durante noches enteras de vigilia, para controlar la casa. 

Un ritual “purificador”

María llegó a creer fervientemente que parte de su círculo más cercano, amigos y familiares, pertenecían a esta secta. Su madre, preocupada por la situación de su hija, incapacitada para hacerse caso de dos menores, lo puso en conocimiento de la Policía Local y de los Servicios Sociales. De hecho, pocas horas antes del brutal crimen, un juez solicitó a la policía protección para los dos niños de Godella. Sin embargo, fue demasiado tarde. Esa misma noche, Gabriel y María, en una especie de ritual para purificar el alma de los niños, los bañaron en la piscina y, posteriormente, les propinaron una brutal paliza para acabar con sus vidas. 

Los vecinos dieron la voz de alarma al día siguiente, cuando vieron a Gabriel ensangrentado y desnudo corriendo detrás de su mujer. A ella la encontraron los agentes de la Guardia Civil varias horas después, desorientada, desnuda y escondida dentro de un bidón de plástico. Se cobijó allí, aterrada, después de enterrar a los niños a escasos metros de la vivienda que ocupaban. 

Gabriel: ¿Víctima o inductor?

La Fiscalía cree que el acusado convenció a su mujer de que la única forma de proteger a sus dos hijos era someterlos a un «baño purificador» y, después, terminar con sus vidas para que pudieran «resucitar». Sin embargo, el padre mantiene que no se pusieron de acuerdo para cometer el crimen y que mientras su pareja asesinó a los niños él estaba dormido, por lo que no supo nada hasta que salió de casa y no encontró a sus hijos.

Ella es inimputable 

Desde este lunes, los dos tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, su destino será distinto. Para Gabriel solicitan 50 años de prisión, 25 por cada uno de los asesinatos, con agravante de parentesco, mientras que ella no pisará la cárcel por ser inimputable. En su lugar, se solicita su internamiento en un centro de tratamiento médico adecuado a su enfermedad mental por un plazo máximo de 25 años. Así se ha decidido después de conocerse que, meses antes del crimen, fue mal diagnosticada con un fuerte cuadro de ansiedad que en realidad era una esquizofrenia paranoide. En el momento en el que sucedieron los hechos, se había agravado y María sufría un brote muy intenso de su enfermedad mental, con desconexión absoluta de la realidad, ideas delirantes y obsesivas que incluso la hacían escuchar voces, según los psiquiatras forenses que la examinaron. 

Ahora, el juicio se centrará en determinar el grado de implicación del padre sobre el que ha quedado acreditado que, aunque consumía estupefacientes de forma habitual, no presenta ningún tipo de enfermedad mental. El fiscal reclama a los dos una indemnización de 300.000 euros para los abuelos maternos y paternos por los daños morales ocasionados.

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