El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirma la sentencia a 20 años de prisión para Rodrigo Lanza como autor del asesinato, por motivos de odio e ideológicos, de Víctor Lainez en 2017 en el conocido como “crimen de los tirantes”.
La sala de lo civil y de lo penal del TSJA ha rechazado cada una de las doce alegaciones presentadas por la defensa de Lanza, el letrado Endika Zulueta, y se reafirma en el veredicto del jurado y lo recogido en la sentencia sobre la que se basa la condena del joven antisistema.
El procesado, que se encuentra en prisión desde el fallecimiento de Lainez en diciembre de 2017, fue juzgado en 2019 por un jurado popular. Sin embargo, la condena de 5 años de prisión contra Lanza, como autor de un homicidio imprudente, fue anulada y el juicio se repitió en septiembre del año pasado cuando fue condenado a 20 años de cárcel.
En el recurso presentado por su defensa, y que ahora ha tumbado el tribunal, se esgrimía que la jueza que instruye el caso había actuado con parcialidad en perjuicio de su cliente. Sin embargo, los magistrados del TSJA responden en su sentencia que esta “falta de imparcialidad” no ha sido acreditada y que, por lo tanto, esta afirmación carece de consistencia.
La sala defiende, además, que el jurado entendió que, a pesar de que Rodrigo Lanza no quisiera causar la muerte de Víctor Lainez, debió asumir la posibilidad de su fallecimiento ante la violencia de sus golpes.
Respecto al agravante de motivos ideológicos, los magistrados destacan que los miembros del jurado determinaron por unanimidad la existencia de “hechos objetivos” que sustentan la aplicación de esta condena.
Por último, respecto a la impugnación de las declaraciones de cinco testigos manifiesta la Sala que "se trata de testigos ocultos en el momento de prestar declaración, no testigos anónimos o desconocidos para las partes, puesto que su identidad era perfectamente conocida desde la fase de instrucción y figuraba en las actas del juicio oral. Contra la sentencia ahora dictada cabe recurso ante el Tribunal Supremo de España, que se habrá de presentar en el plazo de cinco días.
