El sospechoso ha entrado en prisión preventiva, acusado de un delito de pornografía infantil. La jueza, como el Ministerio Fiscal, cree que existe riesgo de ruga y reintegración delictiva.
El Juzgado de Instrucción 8 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha recibido este viernes 14 de abril a un individuo, vecino de dicho municipio, acusado de un delito de pornografía infantil, para quien ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Su detención tiene que ver con una investigación que se inició el pasado 2 de marzo, cuando agentes de la Policía Nacional, especializados en ciberdelincuencia, localizaron un número de teléfono que contenía “múltiples grupos de chat en los que sus participantes compartían fotos y vídeos de carácter pornográfico infantil, muchos de ellos de extrema gravedad”.
Tenencia y distribución de pornografía infantil
Los investigadores pusieron estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente, ya que eran susceptibles de ser tipificados como tenencia y distribución de pornografía infantil. Tras revisar las primeras diligencias realizadas por la Policía, la jueza de instrucción 8 de Cerdanyola autorizó para este jueves 13 de abril una entrada y registro en el domicilio del acusado.
Durante el operativo se intervino el teléfono móvil del sospechoso, constatando que coincidía con el número de teléfono interceptado. Además, se pudo comprobar que había descargado diversas páginas webs, aplicaciones y chats grupales donde se comparten archivos pornográficos infantiles.
Videos de extrema gravedad
El detenido sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, negando que distribuyera pornografía infantil y que reconociera tal extremo ante los investigadores, como éstos han asegurado ante la juez. Él mismo, que trabajaba como reparador de teléfonos móviles, entregó su dispositivo a los agentes.
Paralelamente, el agente que ha sido el encargado de revisar las imágenes ha explicado ante la juez que se pudieron recuperar vídeos de extrema gravedad en los que aparecían “menores inconscientes, sedados con participación de un adulto en la que existen penetraciones de niños de 0 a 2 años”. Asimismo, ha declarado que el detenido les confesó que participaba en “decenas de grupos destinados a la descarga y para compartir archivos de este tipo”. Extremo que él ha negado a continuación.
Riesgo de fuga y reiteración delictiva
Con todo, durante la comparecencia de este viernes, el representante del Ministerio Fiscal ha solicitado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza, al entender, por un lado, que la falta de arraigo del detenido aumentaba su riesgo de fuga, en especial por la dureza de la pena a la que se enfrenta, que puede alcanzar los nueve años de prisión. Y, por otro lado, porque, a pesar de incautar sus aparatos electrónicos, “el acceso a ordenadores de terceros puede reiterar la conducta delictiva”.
Sin embargo, su defensa ha alegado que se trata de una medida desproporcionada “porque entiende que con la incautación de los sistemas informáticos, el acusado ya no tiene acceso al material para poder difundirlo”. Además ha asegurado que el detenido tiene trabajo fijo en España, así como su pareja e hijastro, para demostrar su arraigo en España. Argumentos que no han convencido a la jueza y que se ha decantado por la petición de la Fiscalía.
