A los sospechosos se les podría imputar un delito contra la filiación y de trata de personas.
Las tres personas detenidas en Don Benito (Badajoz), una pareja formada por un hombre y una mujer de 43 y 42 años respectivamente, y la mujer que dio a luz, de 28 años, declararán mañana ante el juzgado de Instrucción de esa localidad al faltar hoy el servicio de traducción para poder llevar a cabo el procedimiento.
El propio hospital alertó a la policía
Todo comenzó cuando los trabajadores del servicio de urgencias del hospital se dieron cuenta de que los datos personales que estaba dando la madre no eran los suyos. En ese momento, alertaron a la Policía, que tomaron declaración a la madre gestante y al hombre, que finalmente confiesa que la madre no es su esposa.
La pareja, de 43 y 42 años, pagaron en Rumanía 2.000 euros para quedarse con el niño. La madre gestante y un acompañante viajaron entonces a España para dar a luz. El menor ha quedado bajo la tutela de la Junta de Extremadura
Segundo caso en una semana de una práctica ilegal
A este caso de vientre de alquiler en Extremadura se suma el ocurrido hace a penas una semana en el Hospital Virgen de las Nieves de Sevilla, en el que una mujer fue a parir queriendo hacerse pasar por una prima para que ésta se quedara con el bebé.
Hay que recordar que los vientres de alquiler, también conocidos con el eufemismo “gestación subrogada”, son una práctica prohibida en España, tanto si la entrega del menor es onerosa o gratuita y tanto si el acuerdo se formaliza en territorio español como en el extranjero y tipificada como delito.
Se trata de un delito contra la filiación recogido en el art. 221 CP que establece penas de prisión de 1 a 5 años tanto para quien entrega el bebé, como para quien lo recibe como para los intermediarios, si los hubiera. Así mismo, también establece la pena accesoria de la prohibición de ejercer la patria potestad durante diez años.
Además del código penal, el Tribunal Supremo en dos sentencias no controvertidas, una de 2014 y otra de 2022 ha establecido la nulidad de esos contratos, ya que son, según el alto tribunal “contrarios a los derechos humanos de las mujeres y de los niños, y, además, atentan contra el orden público”.
Por último, la nueva ley del aborto aprobada este mismo mes de marzo recoge textualmente que “los vientres de alquiler son una forma de violencia contra las mujeres”.
Procesos judiciales abiertos contra la explotación reproductiva
Según fuentes de este medio, existen actualmente al menos tres denuncias en curso en la Audiencia Nacional, tanto contra agencias de vientres de alquiler, contra cónsules españoles que inscriben estos bebés en el extranjero, como contra una pareja afincada en Sabadell (Barcelona).
