El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado a los exconsellers catalanes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por un presunto delito de blanqueo de capitales, procedentes de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en la causa conocida como del 3%.
Junto con ellos, hay otros ocho dirigentes catalanes de la misma formación investigados en esta causa. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción, número 5, ha acordado abrir pieza separada del caso de la supuesta financiación irregular de CDC para investigar a estos exconsejeros y a otras ocho personas, entre las que hay exdirigentes del partido y empresarios.
Los otros ocho investigados
Además de los cuatro exconsellers, se destacan las imputaciones del exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y exdiputado de CDC en el Parlament, Xavier Crespo, condenado también a pena de inhabilitación por beneficiar los negocios de un empresario del municipio a cambio de dádivas, así como a la también exdiputada, exsenadora y exalcaldesa de Calella (Barcelona) Montserrat Candini.
También imputa a Eduard Freixedes, director de los Servicios Territoriales del Departamento de Interior en la Catalunya Central, al exalcalde de Sallent (Barcelona), Jordi Moltó, y a los exdiputados de la formación, Glòria Renom y Víctor Vila.
Declararán, asimismo, como investigados por el 3%, Marc Guerrero, miembro de la dirección del Partido Liberal Demócrata Europeo y uno de los impulsores de la Crida Nacional auspiciada por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, así como Carles Flamerich, expresidente del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat).
Indicios suficientes
El juez de la Mata cree que hay indicios suficientes para pensar que, con sus donaciones al partido, sobre todo entre 2009 y 2010, hicieron aflorar cantidades de dinero negro que venían de los pagos que hacían los empresarios para acceder a la obra pública. El auto sostiene que esas donaciones «no son aparentemente cuotas de afiliados», puesto que su importe es, «a todas luces, excesivo para tal concepto», ni pagos o aportaciones al partido realizados por sus cargos electos. Por eso, considera que formaban parte una estructura estable con una mecánica de funcionamiento cuidadosamente estudiada.
Para el juez, se trataba de una «estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo», que se implementó con un «perfecto despliegue territorial e institucional» y con circuitos de coordinación definidos, en los que el exconseller, Germà Gordó, y los extesoreros, Daniel Osàcar —condenado por el «caso Palau»— y Andreu Viloca, se encargaban de contactar con empresarios, por un lado, y con autoridades, por el otro.
Según el juez, constan «pagos corruptos» al partido ya desde antes de 1999, a través de los extesoreros, Carles Torrent —ya fallecido— y Osàcar, así como indicios de que la productora Triacom Audiovisual, del empresario y exgerente de TV3, Oriol Carbó, financió ilegalmente a CDC asumiendo parte de los gastos de la campaña electoral de 2010.
La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado, a finales de enero, que se investigara a los cuatro exconsellers. La Fiscalía argumentaba su petición con los informes de la Guardia Civil sobre la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales a partir de unas donaciones por un importe total de más de 100.000 euros que estas personas habrían hecho entre 2008 y 2013.
