En un escrito de más de 300 páginas, La fiscalía anticorrupción solicita 47 años de cárcel para el empresario chino, Gao Ping, principal investigado en el llamado “Caso Emperador”, acusado de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y organización criminal entre otros.
El fiscal también acusa por blanqueo al actor porno, Nacho Vidal, para quien pide 11 años de cárcel y 15 años para el que fuera el amante de la hermana de Vidal, Rafael Pallardó Calatrava, considerado el hombre de los maletines de Gao Ping.
La declaración ante la policía andorrana de Pallardó fue el detonante que provocó la imputación del CEO de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, y la consiguiente encarcelación de este de forma preventiva, durante dos años.
Escrito de acusación enviado al fiscal del caso BPA
Justamente eltaquígrafo.com ha podido saber que pocas horas después de que la fiscalía española entregarse al juez este escrito de acusación, el día 5 de enero lo remitió a la Fiscalía General de Andorra que, ávida de material incriminatorio, lo ha incorporado en el sumario del caso BPA que actualmente se está juzgando en el Tribunal de Corts. Para el fiscal andorrano, la acusación del “caso emperador” es munición incriminatoria contra los empleados de BPA que se sientan en el banquillo acusados de blanqueo, entre otros, de empresarios como Gao Ping.
Sin embargo, en los delitos referenciados por anticorrupción en su escrito de calificación no queda claro que el dinero que eventualmente Gao Ping, (a través de Pallardó) evadió a Andorra procediese de una actividad delictiva que no fuese el delito fiscal.
Diferencia de criterios entre Fiscalía y juez
La fiscalía española está convencida de que sí existe el delito antecedente distinto del puramente fiscal, pero el juez de la Audiencia Nacional que investigó la causa lo ve de forma totalmente contraria. De los 14 delitos que la fiscalía invocó inicialmente en la trama “emperador”, el juez instructor los rebajó a 4 y ha sido la sala de la audiencia que, ante la complejidad de la causa y de forma indiciaria, como así lo indica en su auto, ha permitido que la fiscalía ponga todas esas piezas en la mesa de acusación y que la cuestión se dirima en el juicio.
La fiscalía andorrana, para poder acreditar en aquel país el delito de blanqueo contra BPA, tiene que evidenciar que el dinero evadido de España por Gao Ping y compañía procede de un delito que no sea únicamente el delito fiscal (no penado en Andorra). Si aparece el delito antecedente (que es lo que busca el fiscal andorrano), podrá acreditar el delito de blanqueo, delito, éste, que sí existe en el ordenamiento jurídico del Principado.
Sin embargo, el propio informe de la fiscalía viene a constatar que el dinero negro de Gao Ping, enviado a cuentas andorranas, procede de un dinero “B” que simplemente no se había declarado a la hacienda española. En este sentido, el escrito de acusación deja claro también, que el volumen de dinero negro del que disponía la organización china surgía de declarar en las aduanas españolas solo el 10% del valor real de las mercancías importadas.
El instructor de la causa ya dijo en alguna resolución que, inicialmente, se invocaban delitos por parte de la fiscalía, que no existían en la causa, ya fuera por no existir perjudicados o por ser meras conjeturas de los investigadores sin base probatoria alguna.
La fiscalía sitúa en 17 millones de euros, todos procedente del impago IVA o de aranceles, el montante de lo defraudado por Gao Ping en España.
Multas millonarias
Llama la atención que por lo que respecta al testaferro de Ping, Rafael Pallardó, el fiscal le acusa de los delitos de organización criminal (7 años), blanqueo de capitales (6 años) y de un delito continuado de falsedad documental (2 años) por los delitos cometidos, según la fiscalía, en España (mientras que en la causa de BPA en Andorra el acusado tiene la condición de testigo para la fiscalía andorrana), pero ninguno de ellos es el de fraude fiscal.
Anticorrupción pide también una multa de 50 millones de euros para cada uno de los más de 100 imputados por pertenencia a banda criminal. Por lo tanto, según la tesis del fiscal hablaríamos de una organización criminal de 100 miembros a los que se quiere sentar en el banquillo. Ni en la época de Al Capone se recuerda un banquillo tan enorme para una acoger a una banda de malhechores.
